Veto a Sortu
Basan el veto a Sortu en un «plan de ETA» que desoyó la izquierda abertzale
Según la filtración realizada a los periódicos más derechistas del Estado español, la sentencia del Tribunal Supremo para vetar la inscripción de Sortu se basa en un documento atribuido a ETA donde se marcan las pautas sobre el proceso democrático, que las resoluciones posteriores de la izquierda abertzale contradicen. Las alegaciones de Iruin y Araiz aclararon estos términos, pero los nueve jueces se atreven a decir que eso «no se corresponde con la realidad».
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
La coincidencia en hablar de términos como «proceso democrático» y «mínimos democráticos», y alguna afinidad teórica en torno a los modelos de negociación con el Estado, resultan para la Sala del 61 más contundentes que la evidencia de la apuesta de la izquierda abertzale por el uso de medios exclusivamente pacíficos y democráticos, en contradicción con el papel que ETA atribuye en sus documentos a la lucha armada. En base a esas conjeturas, el Tribunal Supremo, o más concretamente nueve de sus dieciséis miembros, optó por vetar la inscripción de Sortu aduciendo que ha sido creada por ETA.
La sentencia redactada por Carlos Lesmes -que tuvo altos cargos en el Ministerio de Justicia con José María Aznar- tenía que haberse hecho pública hoy, junto con los argumentos del voto discrepante firmado por siete magistrados. Sin embargo, alguien en la Sala del 61 decidió evitar que ambos textos se conocieran al mismo tiempo y en la tarde-noche del miércoles la filtró a «El Mundo», «Abc» y «La Razón», que publicaron ayer extractos y algunos de sus fundamentos.
El argumento principal del Tribunal Supremo para ilegalizar Sortu se basa en la teoría de que ETA diseñó en 2009 un plan para volver a negociar con el Estado y desarrollar el proceso democrático, que fue asumido por Batasuna y que lo está llevando a cabo. Y la legalización de un nuevo partido no sería más que una parte de esa estrategia defraudatoria.
La sentencia se apoya para ello en un documento atribuido a ETA y que lleva por título «Proceso democrático, reflexión sobre la alternatiba para la solución democrática del conflicto político y para el reconocimiento de Euskal Herria».
La utilización de términos como «proceso democrático» y «mínimos democráticos» lleva al ponente a asegurar que hay muchísimas coincidencias entre los textos atribuidos a ETA y el documento de debate propuesto por la dirección de Batasuna a sus bases en octubre de 2009 y la posterior resolución Zutik Euskal Herria.
Evidentes divergencias
El ponente de la sentencia se fija en la posible terminología común, pero pasa por alto que los planes supuestamente diseñados por ETA no se han materializado por parte de la izquierda abertzale, salvo en generalidades sobre la necesidad de contar con un partido legal o la búsqueda de alianzas políticas, que por otra parte son obvias en el comportamiento de cualquier organización política.
Sin embargo, entre ese documento atribuido a ETA y la actuación posterior de la izquierda abertzale hay un elemento diferenciador sustancial: mientras ETA atribuye un papel relevante al uso de la lucha armada, la izquierda abertzale ha hecho una apuesta definitiva por las vías pacíficas y democráticas, desechando el empleo de la violencia.
Los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz ya se encargaron en su escrito de alegaciones de dejar constancia de las diferencias existentes entre esos planes atribuidos a ETA y los desarrollados por la izquierda abertzale. Por ejemplo, ese documento apuesta por «la activación y complementariedad de todas las luchas» y, de hecho, el texto habla de realizar «acciones que sean lo más duras posibles (las de muertos) y buscando imágenes internacionales (grandes sabotajes)». Por contra, la izquierda abertzale, en la declaración realizada en Iruñea en abril de 2010, deja muy clara la apuesta exclusiva por «vías democráticas» y la únicas luchas que prevé son las de «masas, institucional e ideológica».
El documento atribuido a ETA pone toda una serie de condiciones para la puesta en marcha del proceso democrático. Y, sin embargo, la izquierda abertzale dejó clara en esa misma comparecencia su acuerdo de «abrir el proceso democrático mediante una decisión unilateral sin estar sujeta ni depender de acuerdos previos».
Nada de esto es tenido en cuenta por el Tribunal Supremo, que, según la filtración conocida ayer, llega a decir que lo alegado por los abogados de Sortu «no se corresponde con la realidad».
«Prueba fundada»
Los nueve magistrado que apoyan el veto al nuevo partido de la izquierda abertzale sostienen que el documento antes citado es «una prueba fundada de que la creación de Sortu ha sido gestada por ETA, pues la necesidad de legalizar de facto una marca propia aparece con nitidez en dicho documento, tras la reiterada constatación de que la ilegalización de Batasuna debilita al complejo ETA/Batasuna».
Y esto, a su entender, hace que el rechazo a la violencia de ETA que se recoge explícitamente en los estatutos de Sortu «se configura como un elemento de engaño en que todo fraude consiste», por lo que «no puede tener ninguna eficacia sanadora».
Hoy se conocerá el contenido íntegro de esta sentencia y también del voto particular que ha redactado Juan Antonio Xiol, al que se adhieren otros seis magistrados. Ambos textos serán comunicados a las partes y a partir de ahí comenzará a correr el plazo de treinta días que los abogados de Sortu tienen para recurrir ante el Constitucional.
Algún miembro de la Sala del 61 del Tribunal Supremo no quiso que el fallo del veto se publicara al mismo tiempo que el voto particular de los siete jueces que apuestan por la legalización, y para evitar comparaciones decidió no esperar y filtrarlo a la prensa más derechista.
El presidente de EA, Pello Urizar, tras el acuerdo con Alternatiba, abundó ayer en que «hay bastantes posibilidades de una coalición abertzale y de izquierdas», y recalcó que esta opción existe independientemente de que Sortu sea legal o no.
Joaquín Giménez, juez de la Sala Segunda del Supremo, considera que los estatutos de Sortu son «inatacables», pero que el debate de fondo es sobre la «credibilidad» de la apuesta política de la izquierda abertzale. Y añadió que los siete votos discrepantes muestran «una mayoría escasa» y hacen posible que el TC revoque el fallo. GARA
Tras el primer veto a Sortu, el fiscal general del Estado insiste en advertir a otras opciones políticas. Ayer dijo que «cualquier lista que acoja a miembros de Batasuna será ilegalizada». Cándido Conde-Pumpido habló de «plan B» y «plan C».
El documento que demanda la legalización de la izquierda abertzale puesto en circulación en el ámbito internacional, y del que GARA dio cuenta hace tres semanas, ha sumado nuevos apoyos cualificados, como el del escritor y lingüista Noam Chomsky, el tres veces candidato a la Presidencia de México Cuauhtemoc Cárdenas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano Rosario Ibarra o la parlamentaria de Die Linke en el Bundestag Ulla Jelpke.
Se suman a otros firmantes ya conocidos, como Heinz Dieterich, James Petras, Atilio Borón, Raúl Zelik, Khalida Jarrar, Carlos Taibo, Guillermo Toledo, Javier Sábada, Santiago Alba Rico, Juan Manuel Sánchez Gordillo... Y el documento continúa su recorrido.
Mientras, en Euskal Herria las miradas de los partidarios de la legalización están fijadas en la manifestación que recorrerá mañana Bilbo (17.30, Pabellón de La Casilla), convocada por el Acuerdo de Gernika. Las asociaciones juveniles firmantes de este compromiso por un escenario democrático comparecieron ayer conjuntamente para recordar que «los jóvenes llevamos años luchando por la libertad de este pueblo, por construir un futuro mejor que el que se nos ofrece, y hoy es el día en que tenemos las puertas abiertas de par en par para poder hacer realidad el tan ansiado cambio». Por ello, pusieron el acento en que a día de hoy el Estado «es el único que ejerce violencia», reivindican la legalización y anticipan ya que «las provocaciones del Estado español no nos harán dar ni un paso atrás en la consecución de un escenario de paz y normalización política».
El movimiento pro amnistía, también firmante del Acuerdo de Gernika, anima a tomar parte en la manifestación desde la convicción de que «sólo mediante la presión ciudadana se echará abajo el muro construido por España y Francia. Tenemos que extender a todos los ámbitos de la sociedad la reivindicación de los derechos democráticos».
Durante la jornada de ayer, el nuevo partido Araba Bai hizo un llamamiento a sus militantes y simpatizantes a acudir a la marcha. GARA
La AVT presentó ayer la manifestación convocada en Madrid el 9 de abril con el mensaje principal de que la ilegalización debe mantenerse intacta. No sólo se tratará de una iniciativa de presión al Gobierno del PSOE, sino que se acompaña de descalificaciones inéditas contra los jueces del Tribunal Supremo que se han desmarcado de la sentencia contra Sortu.
Al presentar ayer la marcha, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, afirmó que «moralmente, me da vergüenza pensar que haya jueces en España que apoyen a un partido que ha nacido de ETA. Me preocupa muchísimo en un país democrático y en un Estado de Derecho».
Para Pedraza, es imprescindible movilizarse y presionar en este momento, ya que «en las próximas semanas se decidirá si el final de ETA es un final con vencedores y vencidos o si, por el contrario, es un final en el que ETA consiga su principal objetivo: el regreso a las instituciones y la puesta en marcha del proyecto político antidemocrático, excluyente y totalitario por el que lleva ya 50 años matando. La diferencia es abismal y sigue estando ahí, es lo que separa la dignidad de la deshonra, la libertad de la rendición».
En cuanto al Gobierno Zapatero, la AVT le exige que garantice la ilegalización, y no acepta que ésta se deje en manos del Tribunal Constitucional. «La responsabilidad de impedir la presencia de ETA en las elecciones es ante todo y por encima de todo del Gobierno de la nación. Le exigimos que impida el regreso de ETA a las instituciones. Le exigimos que no nos hurte la derrota total de ETA». GARA
