Que siete magistrados del Tribunal Supremo español, en ningún caso vinculados a Euskal Herria, suscriban un voto de rechazo a la sentencia ilegalizadora es más que significativo. Si se conoce la forma de designación de esa magistratura -por cuota partidaria-, queda en evidencia que la chapuza jurídica que han conseguido armar los magistrados que siguen la rueda al PP es de antología. El Constitucional tiene margen y tiempo de sobra. Si hay voluntad, claro.