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Iñaki Gil de San Vicente Pensador marxista

Sortu y la militarización española

El autor contextualiza el proceso judicial sobre Sortu y la decisión del Tribunal Supremo dentro del militarismo imperante en el nacionalismo español, un militarismo que, si bien es característica de la fase imperialista del capitalismo, en el caso del Estado español es también un elemento clave para su propia supervivencia.

Una de las aportaciones fundamentales de Rosa Luxemburgo a la crítica del capitalismo fue el análisis de la militarización como elemento clave de la fase imperialista que se iniciaba por aquella época. La historia del siglo XX y lo que va del XXI ha corroborado su teoría y la ha ampliado hasta extremos entonces inimaginables. Por ejemplo, se calcula que alrededor del 20% de la fuerza de trabajo activa de EEUU en la década de los 80 estaba relacionada con el complejo industrial-militar, y este porcentaje ha seguido su tendencia al alza. La militarización no penetra sólo en lo económico y en el Estado mismo, sino que extiende sus tentáculos en la industria político-mediática, en la producción de culturilla de masas, en la planificación universitaria, en la sociedad entera.

Engels ya había anunciado esta tendencia a la fusión entre todos los componentes sociales al resaltar la identidad de fondo entre los acorazados y la sociedad capitalista. Presionadas por esta evolución imparable, las burguesías atrasadas y débiles que se protegían con ejércitos tardomedievales y poderes reaccionarios que hunden sus raíces en modos tributarios y esclavistas de producción, como la Iglesia, han recurrido a la militarización capitalista para intentar recortar las distancias que les separan de las potencias imperialistas hegemónicas o, al menos, para evitar que aumente ese abismo.

Una comparación entre la militarización del Estado francés y del español nos aportaría lecciones muy instructivas sobre las diferencias formales que existen en la idéntica opresión nacional que ejercen contra Euskal Herria y los Països Catalans, pero desbordaríamos el espacio disponible.

La militarización moderna española se inicia definitivamente con la llegada de técnicos nazis para racionalizar la producción bélica de las industrias vascas en 1937, a fin de rearmar el ejército internacional franquista. La muy efectiva planificación industrial-militar nazi, heredera de la Prusia bismarckiana, tardó en cuajar en el capitalismo español por la tecnofobia de su clase dominante: «que inventen ellos», «viva la muerte, abajo la cultura», etc. La guerra de Ifni y la Marcha Verde mostraron el arcaísmo del muy débil complejo industrial-militar español. Tras vanos intentos modernizadores realizados por UCD, fue el PSOE quien creó la estrategia hacia la militarización más allá de lo estrictamente bélico, aprovechando tanto los inicios nazis como el papel central del Ejército en la Constitución avalada por el rey que Franco nombró. La entrada en la OTAN fue imprescindible para ello, como la ayuda bélica yanqui en los 50 lo fue para sostener la dictadura. A la vez, se estrechaba la interacción entre la racionalidad militar y el endurecimiento de las opresiones políticas, y los GAL fueron un banco de pruebas del que saldrían luego las sucesivas estrategias represivas que, por ahora, han culminado en la Ley de Partidos y en la participación española en el ataque imperialista a Libia, tras la experiencia adquirida en otras guerras recientes. En estos momentos, la producción industrial-militar española, de tecnología media-alta, es una de las muy pocas ramas económicas rentables.

Algunas izquierdas tradicionales sostuvieron en los 80 y 90, antes de desaparecer, que era imposible la existencia de una racionalidad militar burguesa porque, según decían, ejército e inteligencia eran incompatibles. Fue un profundo error que ahondó la debilidad teórica precisamente cuando el imperialismo ideó la excusa de la «guerra humanitaria», mientras germinaba una crisis como la actual en la que el mando económico es simultáneamente político-militar. Para otros, la globalización cerraba la fase militarista porque también finiquitaba la fase imperialista, y vieron en Obama, premio Nobel a la pax americana, un ejemplo del avance a una «gobernanza mundial» superadora del «violento siglo XX».

Rosa Luxemburgo habría destrozado de un plumazo tanta superficialidad. Mientras se daban estos devaneos, el capitalismo español avanzaba en la fusión de sus poderes hasta llegar a la situación presente. Un ejemplo lo tenemos en la diferencia entre la negativa del PSOE a participar en Irak y el ataque español a Libia. ¿Qué ha ocurrido en estos ocho años? Tras la cegata euforia de entonces, desde 2007 ha vuelto la cruda realidad, y la militarización que iba siendo reforzada desde la década de los 80 ha aparecido como lo que es, además de una característica fundamental de todo capitalismo, en el caso español, uno de los instrumentos decisivos para su supervivencia nacional-estatal.

El nacionalismo imperialista español está soldando una unidad político-militar, económica y cultural en la que sus diversos componentes interactúan de forma creciente. El Ejército español intervino ya durante la lucha popular contra la nuclearización en Euskal Herria. Más tarde, el Estado español consiguió que la OTAN fuera garante de la «integridad nacional» de sus miembros. Por un lado, cada vez que alguien duda sobre el papel angular del rey y del Ejército, se le llama al orden de inmediato. Por otra parte, la militarización del PSOE se aprecia viendo cómo los dos supuestos sucesores de Zapatero están estrechamente relacionados con lo policíaco-militar, en un gobierno que ha reprimido la huelga de los controladores aéreos militarizando el conflicto. Además, la centralidad jerárquica, disciplinaria y conceptual inherente a la militarización burguesa domina ya en el nacionalismo español de CCOO y UGT, decididos a barrer las «peculiaridades regionales» del sindicalismo luchador de las naciones oprimidas y a imponer una estatalización antidemocrática que agilice la cadena de mando de la CEOE sobre los pueblos trabajadores para aplicar los durísimos planes ya decididos. Por si fuera poco, todo ello se realiza dentro del marco represivo más duro de la UE, como reconoció no hace mucho el ministro Rubalcaba. Tampoco debemos olvidar la contraofensiva lingüístico-cultural española y el renacido nacional-catolicismo tridentino e imperial que avanza al son de condenas inquisitoriales.

Pero la racionalidad militar y el arte de la guerra aconsejan disponer siempre de lo que en política se llama «plan B», o sea, tácticas alternativas ante los movimientos del enemigo. Aquí podemos aplicar al Estado español las tesis de Lenin sobre la dialéctica entre guerra y política, y de Gramsci entre «guerra de movimientos» y «guerra de posiciones», para comprender por qué ha habido algunas diferencias en su Tribunal Supremo a la hora de ilegalizar Sortu, y las posibilidades que se le abren para otras decisiones futuras sobre este partido dependiendo de la evolución del conflicto. La ilegalización de Sortu muestra que el Estado ha logrado apurar al extremo la contrainsurgencia de desgaste a largo plazo para romper la tendencia acumulativa al alza de fuerzas soberanistas e independentistas, desgaste para el que todo vale.

Ahora bien, en las largas confrontaciones se suele cuartear la firmeza del bando opresor ante la decisión del bando oprimido, abriendo fisuras en sus cuarteles generales. Maquiavelo, primer teórico de la racionalidad político-militar, advertía al Príncipe que en determinados momentos lo político es más efectivo que lo militar, lección histórica que Napoleón corroboró diciendo que con las bayonetas se puede hacer de todo excepto sentarse sobre ellas.

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