Tras volverse a poner en primer plano el debate en torno al último proceso de negociación y la actitud del Gobierno del PSOE, al frente político se le suma el judicial. El seudosindicato ultra Manos Limpias ha presentado una querella contra los tres interlocutores del Ejecutivo Zapatero con ETA -Jesús Eguiguren, Javier Moscoso y José Manuel Gómez Benítez-, a quienes acusa de «colaboración con ETA» o, subsidiariamente, de «encubrir» a sus militantes.

En consecuencia, Manos Limpias plantea que los tres sean imputados. En el sumario del «caso Faisán», que está en la raíz de la actual polémica al haberse ampliado el foco a todo el proceso de negociación, han declarado ante el juez Pablo Ruiz tanto Eguiguren como Moscoso y Gómez Benítez, pero lo han hecho únicamente en calidad de testigos y, además, protegidos. No se les imputa nada, en definitiva, sino que se les citó por si podían arrojar luz sobre lo ocurrido en el bar Faisán.

Tras la querella de Manos Limpias se abren ahora otras diligencias que quedan en manos del juez Eloy Velasco, también de la Audiencia Nacional. Lo primero que ha hecho éste ha sido pedir su opinión a la Fiscalía, que ayer respondió pidiendo que el caso sea archivado rápidamente, dado que hay jurisprudencia suficiente que establece que dialogar con ETA no es delito per se. Recuerda que la «colaboración» requiere actividades concretas y coincidencia en los fines y objetivos con la organización, circunstancias que destaca que no se cumplen en este caso.

Ramón Jáuregui, ministro del PSOE, preguntó si se pretende sentar en el banquillo al Gobierno «con ETA como testigo».

El PP apela al CNI

Por lo que respecta al frente político, el PP no sólo pide la comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso -a la que se opuso ayer el PNV-, sino que también emplaza al servicio de espionaje español. Federico Trillo apuntó ayer que quieren que representantes del CNI aclaren si hubo actas de los contactos.

En paralelo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) añadió que los papeles atribuidos a ETA y publicados esta semana suponen «una vergüenza nacional». En la línea del argumentario difundido entre los miembros del PP, la AVT dijo que «no puede fiarse» de un ejecutivo «capaz de mentir». Dio credibilidad a los presuntos documentos de ETA porque reflejan «hechos que se cumplen».