Guillaume Soro, primer ministro del Gobierno de Alassane Ouattara, a quien la llamada comunidad internacional reconoce como presidente electo de Costa de Marfil, dio a última hora de la tarde de ayer un ultimátum al mandatario saliente, Laurent Gbagbo, para que renuncie y entregue el poder a su rival. Soro le dio de plazo hasta las 21.00, «si no tendremos que ir a buscarle donde está. El juego ha terminado». Además, el Gobierno de Ouattara decretó el toque de queda entre las 21.00 y las 6.00 horas locales en Abidjan, la capital económica, que se encuentra rodeada por sus tropas.

Las declaraciones de Ouattara y Soro se sucedieron durante todo el día, amparadas por el avance imparable de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI) hacia Abidjan, mientras Gbagbo, cada vez más amenazado y aislado, guardaba silencio sobre sus intenciones. El miércoles por la noche se esperaba su discurso a la nación, que finalmente no tuvo lugar.

Lo que sí llegó al borde de la medianoche fue una resolución unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que se establecen sanciones para Gbagbo y su entorno más cercano, se exige el abandono inmediato del cargo y da luz verde a la misión de la ONU para utilizar «todos los medios necesarios» para proteger a los civiles.

Alassane Ouattara, que prometió «respetar la integridad física» de Gbagbo, llamó a las fuerzas leales a su rival a que se unan a sus filas con el fin de evitar más sufrimiento. Su Gobierno instó a los seguidores de Gbagbo a rendirse para prevenir un «baño de sangre». Soro subrayó que «Costa de Marfil es una e indivisible» y aseguró, en una entrevista a la cadena France 24 recogida por Efe, que la ofensiva militar que las tropas leales a Ouattara iniciaron el lunes continuará para «restablecer el veredicto de las urnas e instaurar la democracia».

Las fisuras en el bando de Gbagbo ya han comenzado. El jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas de Defensa y de Seguridad (FDS), el general Philippe Mangou, se refugió el miércoles con su familia en la Embajada de Sudáfrica en Abidjan.

La atmósfera del fin del mandato de Gbagbo flota desde la mañana de ayer en Abidjan, donde disparos con armas pesadas y armas automáticas se escucharon en algunos barrios, en especial en Treichville, donde se ubica un cuartel de la Guardia Republicana, considerada como la última fuerza en manifestar su lealtad a Gbagbo, después de ser abandonado por el Ejército, la Policía y la Gendarmería.

Mientras tanto, durante el día continuó el avance de las FRCI hacia Abidjan, en una ofensiva que permitió a las tropas leales a Ouattara tomar el control de las principales ciudades marfileñas, como la capital política Yamusukro, lugar de nacimiento del primer presidente de Costa de Marfil, Félix Hufue Buañi; la estratégica San Pedro, principal puerto de exportación de cacao del país; Gagnoa, capital de la región natal de Gbagbo; y Aboiso, a 110 kilómetros de Abidjan.

Ayer los 5.000 reclusos de la prisión de Maca, en Abidjan, cuyos carceleros habían abandonado el lugar la víspera, fueron liberados por el «comando invisi- ble» formado por partidarios de Ouattara.

Sanciones y renuncia

Coincidiendo con la toma de Yamusukro, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por una nimidad la resolución 1.975, que impone sanciones a Gbagbo, a su esposa y a otros tres cercanos colaboradores. Estas sanciones incluyen la prohibición de viajar y la congelación de bienes. La Unión Europea y EEUU ya habían adoptado con anterioridad medidas contra Gbagbo.

Además, la resolución «exhorta» al presidente saliente a «retirarse inmediatamente» y dejar el cargo a su rival. Este acuerdo es el primer llamamiento explícito del Consejo de Seguridad en este sentido.

El Consejo de Seguridad establece también en el texto aprobado por sus quince miembros «su pleno apoyo» a las fuerzas de la misión de Naciones Unidas en Costa de Marfil (Onuci) para que emplee «todos los medios necesarios» para garantizar su mandato, que consiste en proteger a los civiles e impedir la utilización de armas pesadas contra la población civil.

Asimismo, muestra su preocupación por la escalada de violencia en Costa de Marfil, que ha dejado ya más de 460 muertos, y el riesgo de una guerra civil, por lo que emplaza a las partes a mostrar la mayor contención para impedir esa situación.

Señala también que «los ataques actualmente emprendidos en Costa de Marfil contra la población civil podrían constituir crímenes contra la humanidad» y sus autores ser llevados ante la Corte Penal Internacional.