La dirección de Babcock, a instancias de los administradores judiciales, ha pedido mediante burofax a los 258 trabajadores afectados por la anulación del expediente de regulación de empleo de 2004 que se presenten hoy en la empresa, una vez que se ha anulado el mismo como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo.

ESK y LAB explicaron a GARA que la decisión judicial confirma «lo acertada de nuestra postura de rechazo, porque denunciamos, así ha ocurrido, que los austriacos de ATB no incorporaban nada para el futuro de Babcock. Es algo que en este momento ha quedado en evidencia, puesto que estamos en un proceso irreversible de cierre». Ambos recordaron que «estamos en un verdadero circo y cada vez nos crecen más enanos».

ELA, por su parte, remarcó, igual que LAB y ESK, que la sentencia del Tribunal Supremo, que anula el expediente de extinción de 258 trabajadores prejubilados, es «una muestra más de la chapuza de privatización que realizó SEPI con el único objetivo de quitarse el problema de encima, sin importarle su futuro ni su viabilidad». Para este sindicato, estaba claro que «la segunda privatización significaba el cierre».

La central que lidera Adolfo Muñoz recuerda que «este fraudulento proceso de privatización contó con la colaboración de las federaciones de UGT y CCOO, que apoyaron en los momentos clave para seguir adelante con esa farsa de la privatización».

Privatización vergonzosa

Por eso, destaca que «si la privatización ha sido vergonzosa, la situación actual es kafkiana. Porque no existe carga de trabajo y se está a la espera de una resolución del juzgado mercantil sobre la extinción de todos los contratos de la plantilla actual. Ahora, 258 trabajadores que abandonaron hace siete años la empresa tienen que reincorporarse, sin destino ni trabajo».

La anulación de este expediente de regulación de empleo, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de este año complica, según el comité, la situación de esta empresa ubicada en Trapagaran, en fase de liquidación y que prevé que el 30 de setiembre de este año abandonen la fábrica los últimos trabajadores. El comité culpa de la situación a la SEPI, a la que responsabilizan también del fracaso de los dos procesos de privatización emprendidos, que han culminado con la liquidación de la compañía vizcaína de bienes de equipo. Ayer mismo el comité criticó la falta de un planteamiento por parte de la dirección de la empresa ante la sentencia del Tribunal Supremo. La prejubilación se produjo en el marco de un ERE rechazado por el Gobierno de Gasteiz, en primera instancia, pero aceptado por la Dirección General de Trabajo del Gobierno español, y recurrido por un grupo de afectados, principalmente directivos. Tras pasar por diversas instancias el expediente llegó al Supremo, que lo ha anulado.

La plantilla de Babcock está integrada por 364 trabajadores, a los que hay que sumar a estos 278 empleados más. En principio, los trabajadores anteriores a los dos procesos de privatización fallidos de 2001 y de 2004 están cubiertos por las garantías de empleo pactadas con la SEPI. En virtud de ellas, los mayores de 52 años podrán acceder a prejubilaciones.

De los cerca de 200 trabajadores con menos de esa edad, unos 70 están cubiertos por las garantías de la SEPI y tienen derecho a una recolocación o, en caso contrario, a una indemnización. Cerca de 130 trabajadores no están amparados por estas garantías.