Los sindicatos STEE-EILAS, LAB y ELA convocaron ayer a los 1.600 trabajadores del Consorcio de Haurreskolak a un nuevo paro de tres horas el próximo 7 de abril para exigir la devolución de las cantidades «robadas» en el sueldo de los empleados, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara los recortes salariales que se les aplicaron de forma arbitraria, como denunciaron en rueda de prensa.

También llamaron la atención de los padres de los niños y de la sociedad en general porque Isabel Celaá, consejera de Educación del Gobierno de Gasteiz, reconoció la necesidad de la devolución del medio millón en salarios impagados, pero añadió que «para ello reorganizará los recursos propios».

Las tres centrales sindicales entienden que esa manera de hablar de la consejera invoca «un nuevo recorte de plantillas y servicios, por distintas prácticas, lo que redundaría en una pérdida de calidad en el servicio, por lo que serían los niños los principales paganos de esta nueva situación», denunciaron.

Ayer, de momento, realizaron concentraciones en las tres capitales de la CAV, junto a los padres de los chavales, a quienes animaron a mantener la demanda para que se mantengan unas condiciones laborales de estabilidad en este sector para evitar que «se pierda calidad, lo que repercutiría directamente entre los niños», como dijeron Arantza Agirre, Leire Garro y Miren Zubizarreta durante la comparecencia ante los medios de comunicación.

Las representantes sindicales explicaron que las declaraciones de la consejera de Educación del Gobierno de Gasteiz, Isabel Celaá, «nos colocan en un nuevo escenario. Celebramos la devolución de los recortes aplicados en los sueldos, pero las palabras de la consejera nos dejan muy preocupadas». LAB, STEE-EILAS y ELA anunciaron que «dejamos a un lado las diferencias que hemos tenido hasta ahora, y juntos queremos hacer frente a esta situación que nos afecta gravemente a este colectivo».

Las sindicalistas recordaron que se adeuda medio millón a las trabajadoras, pero rechazaron que esa partida se consiga «ahorrando en base a precarizar el servicio» y exigieron a la consejera Celaá que «dé la cara» e informe de la situación. Al Consorcio de Haurreskolak le pidieron que convoque una reunión para tratar estos temas.