Quedó visto para sentencia el juicio contra el ex jefe superior de Policía de Bilbo Miguel Planchuelo por los atentados de los GAL en los bares Batxoki y Consolation en 1986. La abogada de la acusación particular, Begoña Lalana, pide para él 99 años de cárcel; su defensor, evidentemente, reclama la absolución, a lo que también se suma el fiscal Pedro Rubira.

Pero Rubira no se limitó a señalar que no existen pruebas contra Planchuelo. Se vio también en la obligación de defender al ex presidente del Gobierno Felipe González, a quien el pasado lunes, en la primera sesión de la vista, los testigos José Amedo y Julián Sancristóbal señalaron bajo juramento como el creador de los GAL. Amedo recordó también que la decisión contó «con la anuencia y el consentimiento» de altos cargos del PSE como José María Benegas, Ramón Jáuregui y el ya condenado por estos hechos Ricardo García Damborenea.

En su intervención de ayer, Rubira respondió que «este Ministerio Fiscal está acostumbrado a escuchar al señor Amedo decir que la culpa la tiene el ex presidente del Gobierno» cuando el Supremo ya dijo que con «esos indicios» no se podía imputar a González «hechos de naturaleza tan grave».

Goirizelaia ve distintas varas

Antes de conocer el alegato del fiscal en defensa de Felipe González, la abogada Jone Goirizelaia había manifestado que, ante las acusaciones hechas en la sala, la Fiscalía tenía que haber solicitado que se dedujera testimonio de lo dicho por Amedo y Sancristóbal. «Su obligación sería investigar estos hechos y, para ello, tendría que interponer la preceptiva denuncia o querella», añadió.

En una entrevista ofrecida por Info7, Goirizelaia llamó la atención sobre la inactividad del fiscal, pero también sobre el hecho de que, después de haber realizado unas acusaciones tan graves en una sala de vistas, nadie haya tomado medidas tampoco contra Amedo y Sancristóbal. La abogada recordó que, cuando desde HB se denunció la implicación del Gobierno en los GAL, sus dirigentes fueron procesados e incluso condenados en primera instancia.

En opinión de Goirizelaia, «la famosa equis» que mandaba en los GAL «está bastante despejada». Y denunció que todos los condenados por su implicación en aquellos actos estén en libertad tras cumplir penas leves o por recibir medidas de gracia.