La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a jueces calificados como conservadores y es la mayoritaria, emitió ayer una dura nota tomando como base los datos que los medios ofrecen «acerca del trato que ha venido manteniendo el Gobierno de España con la banda terrorista ETA».

En el escrito acusan a los interlocutores del Gobierno de considerar «las actuaciones de la Justicia como un problema y un obstáculo» de sus fines, y de «equiparar las necesarias y beneméritas actuaciones del Estado de Derecho en defensa de las libertades de los ciudadanos con las abominables, persistentes y terroríficas conductas delictivas ejecutadas por los enemigos de la pacífica convivencia de la sociedad española en el seno de nuestra legalidad democrática y constitucional».

La APM da por buena la versión de que los interlocutores del Gobierno dijeron a ETA que habían tratado de evitar la redada del Faisán. Y sostiene que «este comportamiento de los comisionados deslegitima la actuación de los jueces en la medida en que coloca al mismo nivel, e incluso supedita su actuación al servicio de la legalidad democrática, a determinadas conductas que, sin embargo, se califican de delictivas en cualquier sociedad moderna».

Contra Gómez Benítez

La APM sostiene que estos comportamientos son «una interferencia en la independencia de los jueces que dirigen los procesos contra el terror». Por eso los «rechaza y reprueba».

El juez que investiga el «caso Faisán» ha identificado a Javier Moscoso, Jesús Eguiguren y Javier Gómez Benítez como los representantes del Gobierno español en aquellas conversaciones. La APM cuestiona que uno de ellos, Javier Gómez Benítez, siga integrando el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces.

En este punto, la APM coincide con la asociación ultraderechista Manos Limpias, que ha remitido un escrito al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en el que le pide que cese a Gómez Benítez de su puesto como vocal por considerar que «ha contaminado y perjudicado» la imagen del Consejo.

El seudosindicato ha interpuesto también una querella contra los tres interlocutores, a los que acusa de «colaboración con organización terrorista» por conversar con militantes de ETA. La Fiscalía se ha opuesto a la admisión a trámite de la denuncia recordando que existe jurisprudencia que dictamina que negociar con la organización armada no es delito.