Las 22 personas encausadas en el proceso contra Udalbiltza consideran que «por fin ha terminado la pesadilla y ha llegado el momento de hacer realidad los sueños», después de que la sentencia que les absolvía se haya convertido en firme puesto que no se ha presentado ningún recurso contra la misma.

El pasado 20 de enero, la Audiencia Nacional española dictó esta sentencia absolutoria provisionalmente, y tras haberla comunicado a los 20 imputados presentes en el juicio oral hasta el 3 de marzo, se inició un plazo de un mes para que se presentaran los posibles recursos por parte de la Fiscalía o de la acusación particular impulsada por Dignidad y Justicia.

Este plazo ha expirado sin que se presente ningún recurso, por lo que la sentencia absolutoria ya es firme.

«Si la absolución y la libertad han sido posibles, ha sido gracias a la ejemplar labor de denuncia y solidaridad que han llevado a cabo tantas y tantas personas. Nuestro más caluroso agradecimiento para ellos: electos municipales, ex electos, agentes sociales y grupos de diferentes tipos y colores», señalaron los enjuiciados en un comunicado.

Recordaron que el proceso comenzó en abril de 2003 a instancias del juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón y que no concluyó hasta el pasado martes, tras un recorrido de casi ocho años.

A la hora de realizar un balance del proceso, destacaron que trece personas fueron detenidas y encarceladas, permaneciendo en prisión entre dieciocho meses y seis años.

Asimismo, comentaron que, hasta este mismo mes, todas estas personas han estado sometida a un régimen de libertad condicional, tras abonar fianzas, con la imposibilidad de abandonar el Estado español. Además, hasta setiembre del año pasado, han tenido que acudir a firmar periódicamente a los juzgados: algunos, dos veces a la semana; otros, una vez; y otros, cada dos días.

El procesamiento por estar vinculados a Udalbiltza afectó a 22 personas. De ellas, cuatro eran alcaldes de sus municipios cuando comenzaron las actuaciones judiciales contra la primera institución nacional de base municipal. Otros quince eran concejales elegidos en las urnas. Los tres restantes trabajaban para Udalbiltza.

Todos ellos tuvieron que hacer frente a peticiones de prisión por parte de la Fiscalía que oscilaban entre los diez y los quince años, mientras que la acusación particular de Dignidad y Justicia las elevó hasta la horquilla de entre quince y veintitrés años.

Asimismo, destacaron que, pese a la absolución, el procesamiento contra Udalbiltza impidió la labor de la institución nacional y a proyectos como Euskal Garapen eta Kohesio Funtsa, ya que se clausuraron locales por la fuerza y se incautaron de material y de los fondos que muchos ayuntamientos destinaron a Udalbiltza Partzuergoa, así como de 400.000 euros de aportaciones voluntarias de la ciudadanía para el proyecto Zuberoa Garatzen.

La sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional estableció que Udalbiltza era «un proyecto nacionalista, pero no terrorista». La Fiscalía ya anunció entonces que no la recurriría al considerar que quedaba claro que «no hay pruebas de la vinculación con ETA».