Cuando obtuvo un jugoso contrato de 4 millones de dólares con subcontratistas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para construir una carretera de grava en el sur, Rahim hizo todo lo necesario para evitar problemas: se puso en contacto con el gobernador «fantasma» de los talibanes en la provincia. «Yo tenía cita con su representante el 5 de cada mes. En cada oportunidad, le daba 20.000 dólares», explica Rahim en su oficina del suroeste de Kabul. Todavía se alegra de haberlo hecho. «Era un buen negocio. Terminamos la obra en siete meses, sin ser atacados ni una sola vez», dijo.

Uno de sus competidores, Shahir, esperaba hacer lo mismo con otra carretera de 60 kilómetros, en otra provincia del sur donde los talibanes tienen gran influencia. Pero el comando talibán en el exilio, la «shura de Quetta» (el nombre de una ciudad del suroeste de Pakistán), se negó, alegando que se trataba de un eje estratégico. Shahir siguió adelante con el proyecto, pero renunció después de tres meses. «Los talibanes pusieron bombas en las obras. Perdí 25 hombres y 4 millones de dólares», protestó.

Los occidentales nunca han financiado tantos proyectos como en los últimos años, sobre todo en el sur y el este, dominados en gran parte por los insurgentes fuera de las ciudades y bases militares.

La fuerza de la OTAN, liderada por EEUU, dirige cada vez más proyectos de desarrollo, además de sus operaciones contra los talibanes, convencida de que los mismos contribuirán a pacificar esas regiones.

Doble contrato

Sin embargo, esto parece haber favorecido fundamentalmente los acuerdos entre afganos. En privado, algunos empresarios, que a veces tienen vínculos tribales o familiares con los talibanes, muestran a AFP dos documentos: su contrato con la OTAN o con uno de sus subcontratistas y una carta firmada por el comando talibán autorizándolos a realizar ese proyecto.

Los talibanes, que anteriormente rechazaban todo proyecto financiado por los «invasores», ahora aceptan algunos de ellos -aunque oficialmente lo nieguen- si están apoyados por las poblaciones locales, mediante una comisión del 10% como máximo, según varios empresarios.

«Los talibanes cambiaron de actitud respecto a la reconstrucción. Ahora quieren presentarse como un Gobierno paralelo creíble para las poblaciones», confirmó Thomas Ruttig, un especialista en la rebelión de Afghanistan Analyst Network, un instituto de estudios de Kabul.

El comando talibán interviene sobre todo en los proyectos más importantes. «Quetta acepta en general las escuelas y clínicas. Pero no las carreteras de asfalto, que podrían ser utilizadas por los vehículos blindados estadounidenses», explica Rahim. Según Thomas Ruttig, la malversación de la ayuda occidental «es actualmente una de las principales fuentes de financiación de los talibanes».

El Gobierno afgano, que se mantiene en el poder gracias a la OTAN, no se muestra asombrado. «Eso no es un problema para nosotros mientras el trabajo se lleve a cabo», explicó el viceministro de Obras Públicas, Ahmad Sha Wahid.

Por su parte, la OTAN recuerda sus reglas internas, que estipulan que esos fondos deben ser «gastados con subcontratistas que trabajen por el interés de Afganistán».

En octubre, el Inspector General Estadounidense para la Reconstrucción en Afganistán, Arnold Fields, consideró que el Gobierno y el Ejército estadounidenses eran incapaces de saber exactamente cómo y dónde habían sido gastados 18.000 millones de dólares de ayuda confiados entre 2007 y 2009 a más de 7.000 subcontratistas, en su gran mayoría privados, norteamericanos y afganos.