El Gobierno español espera aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes su plan para aflorar el empleo no declarado, que por ahora no cuenta con el visto bueno ni de los sindicatos y ni de los empresarios. Desde que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunciara un proyecto para atajar los empleos sumergidos, el Ejecutivo ha declarado que su intención es aprobar las medidas con el plácet de los agentes.

Pero en vista de la situación, con el retraso de la reforma de los convenios y un nuevo episodio de presión sobre la deuda española, no quiere esperar más. Las conversaciones se intensificaron durante la semana pasada, cuando el Gobierno trasladó a las centrales y a la patronal un primer boceto.

Tanto CCOO como UGT rechazan que en la exposición de motivos del decreto-ley se achaque la existencia de la economía sumergida a un problema de elevados costes laborales asociado a la crisis, cuando opinan que se trata de una situación de fraude fiscal y social.

El Gobierno entiende que para hacer aflorar los empleos no declarados hay que dar facilidades a las empresas, que contarían con un periodo de dos meses sin sanción administrativa para regularizar a sus empleados, con la posibilidad de retrasar el pago de las cotizaciones atrasadas y sin exigir garantías de pago para los aplazamientos superiores a dos años.

Después de esos dos meses, las sanciones a los empresarios que no tengan afiliados a sus empleados o que ocupen a beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social incompatibles con el trabajo por cuenta ajena se multiplicarían hasta cinco veces, dependiendo de su gravedad. Los sindicatos entienden que con estas medidas se está dando más ventajas a los empresarios que a los trabajadores, ya que estos últimos sólo verían reconocido como máximo un año de cotización a efectos de prestaciones futuras.

Tampoco comparten que los empresarios puedan contratar temporalmente a quienes tenían empleados irregularmente, en lugar de verse obligados a hacerlo de forma indefinida.

El Gobierno ha puesto de plazo hasta pasado mañana para acercar a todas las partes, algo que se antoja complicado. No se descarta que, en caso contrario, el Consejo de Ministros opte por aprobar su plan sin consenso.

«Tienen mucho interés», indicaron fuentes sindicales consultadas por Europa Press, que criticaron la «prisa» por aprobar estas medidas. «Parece que hay un poco de despropósito», concluyeron.