El diputado francés Patrick Braouezec registró el pasado martes una pregunta por escrito dirigida al ministro de Justicia, Michel Mercier, para que explique ante la Asamblea Nacional qué piensa hacer el Gobierno respecto a la decisión de los tribunales de aceptar la entrega de Aurore Martin, según ha informado Askatasuna.

En su escrito, el diputado perteneciente al grupo Izquierda Democrática y Republicana señala que Martin «es una militante de nacionalidad francesa de la organización independentista vasca Batasuna, legal en Francia pero prohibida en España», y recuerda que la Corte de Pau y el Tribunal de Casación dieron por buena la demanda de euroorden de la Audiencia Nacional «porque Aurore Martin se ha manifestado públicamente en un plano político».

Añade que el Estado francés ha aceptado esta demanda «aun tratándose de hechos que él mismo no considera ilegales sino que, en base a la legislación francesa, conciernen a libertades fundamentales como son la libertad de expresión, de reunión y de opinión».

Tribunal de excecpción

El texto de la pregunta subraya que, «en caso de que la militante abertzale fuese transferida a España, corre el riesgo de ser condenada a una pena de cárcel de doce años». El diputado va más allá y apostilla que en ese caso Martin «sería presentada ante una jurisdicción de excepción donde ha quedado de manifiesto que la tortura es utilizada, particularmente en el caso de militantes vascos».

Por todo ello, concluye que le gustaría saber qué va a hacer el Gobierno para revisar esta decisión, «de manera que la oposición política no sea criminalizada bajo el pretexto de una lucha contra el terrorismo cuando la izquierda nacionalista vasca no cesa de expresarse y de actuar a favor de una resolución democrática política y pacífica».

El ministro cuenta, normalmente, con dos meses para responder a la pregunta escrita.

Entrega a Madrid

Por otro lado, ayer mismo fueron entregados a Madrid a a la Audiencia Nacional el mundakarra Oier Gonzalez y la portugaluja Irati Tobar, también en base a sendas euroórdenes.

Precisamente, el caso de esta última y el de los otros jóvenes de Segi, volvía a tratarse en el Ayuntamiento de Hendaia el pasado 20 de abril.

La electa del grupo de izquierda Christelle Cazalis y el concejal abertzale Iker Elizalde volvieron a denunciar la euroorden por «constituir un ataque a los derechos civiles y políticos» e instaron al alcalde Jean-Baptiste Sallaberri «a posicionarse».

El primer edil hendaiarra contestó que, en su opinión, «existe un vacio jurídico» en el procedimiento de euroorden ya que, «al ser Segi ilegal en España y no en Francia, los criterios de aplicación chocan con los derechos democráticos». Añadió que la euroorden «debe ser despojada de toda parte política para que sea creíble y aplicable» e interpeló a Segi para que «clarifique su posición democrática».

Sallaberri condenó «las brutales prácticas policiales en las detenciones que envenenan aún más una situación a la que hay encontrar una solución pacífica». Finalizó expresando su deseo de que acaben todas estas detenciones y que «las personas encarceladas en base a ese procedimiento sean puestas en libertad».

Ayer tuvo lugar una concentración de denuncia en Pausu y hoy está convocada otra en la rotonda de Behobia.