En una carta dirigida a los presidentes de las asociaciones empresariales vascas, ETA ha anunciado la cancelación del «impuesto revolucionario». Sitúa su decisión de poner fin a la exigencia del pago como consecuencia del alto el fuego general y permanente. La noticia generó una satisfacción generalizada y, no cabe duda, habrá sido especialmente deseada y esperada por aquellos empresarios y profesionales liberales que conocen en primera persona el significado de ser destinatario de tales misivas. La alegría y el alivio de esos ciudadanos, y la de sus allegados, es compartida por la inmensa mayoría del país, sea cual sea su pasado, en aras a un futuro de paz y soluciones justas.

Las agencias españolas hacían ayer un balance de 40 empresarios muertos y más de 50 secuestrados en relación a este tema. Los números retratan lo que ha sido una realidad dura, expresión clara de una confrontación armada abierta. Pero, a su vez, también reflejan el verdadero alcance de la decisión de ETA. Una contribución decisiva más, una nueva muestra de voluntad inequívoca que quita obstáculos y excusas del camino y apuntala -más todavía- las bases de un proceso que permita cerrar definitivamente, de manera ordenada y acordada, el ciclo armado en la política vasca. Y, a su vez, permita la apertura con fuerza y acumulación social de una nueva fase política, radicalmente democrática, construida sobre un suelo común y compartido por todas las sensibilidades y proyectos del país.

El anuncio de ETA constata algo que ya se conocía: la inexistencia de cartas de «impuesto revolucionario». Ése era y es un aspecto del alto el fuego -entre otros- técnicamente fácil de verificar. Facilitar, acelerar y concretar esa labor sería muy beneficioso para todos. Hoy la paz y la normalización democrática del país se presentan como la mejor y más segura inversión política y económica en este país. Todos deben utilizar su capacidad de influencia para encauzar ese objetivo. Si todos se mueven, todo se moverá. Y lo hará en la buena dirección.