Según se recoge en el documento que el Ministerio español de Trabajo e Inmigración llevará hoy al Consejo de Ministros, una vez transcurrido el plazo de entre dos y tres meses para regularizar de forma voluntaria el empleo sumergido, si los empresarios no tienen afiliados a sus trabajadores a la Seguridad Social o emplean a beneficiarios del sistema de prestaciones que sean incompatibles con el trabajo, las sanciones se multiplicarán de 1,6 a 5 veces.

El Gobierno envió un primer borrador a los agentes sociales el pasado día 14, donde se fijaba en un año como máximo el efecto retroactivo de la regularización a la hora de generar futuras prestaciones de la Seguridad Social.

En un segundo documento, fechado el día 18, el Ejecutivo redujo el efecto retroactivo al 1 de enero de 2011, una medida que beneficia a los empresarios pero que ven mal los sindicatos porque, según CCOO y UGT, los patronos sólo tendrían que abonar seis meses de cotizaciones.

Estas cotizaciones podrán ser objeto de aplazamiento, pero si los empresarios no presentan ninguna garantía futura de pago, dicho aplazamiento será sólo de dos años.

Otra de las medidas que contempla el plan y que también rechazan los sindicatos es que los empresarios podrán utilizar los contratos temporales, pero no fijos, para regularizar a los trabajadores.

CCOO y UGT consideran que el plan del Gobierno contra el empleo sumergido no hará aflorar el grueso del trabajo no declarado, no mejorará la protección de los trabajadores, no aumentará los ingresos públicos ni eliminará la competencia desleal entre empresas.

Para la CEOE, el plan debería ir ligado no sólo a cambios laborales sino también a aspectos sociales, según manifestó su presidente, Juan Rosell.

Pese a reconocer que desconocía el documento definitivo que el Ministerio de Trabajo e Inmigración llevará al Consejo de Ministros, aseguró que una cosa es hacer aflorar el empleo irregular y otra «ver cómo y de qué manera».

Indicó que a la patronal le parece «muy bien» un plan que haga a un país «lo más legal posible», pero puntualizó que «no sólo en aspectos laborales, también en aspectos legales y fiscales».

«Un país con economía sumergida no es un país serio, y queremos que sea lo mas serio posible», aseveró.

«No es una amnistía»

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, señaló que se estudiarán las alegaciones de los agentes sociales y que podría modificarse el texto del decreto.

No obstante, el ministro insistió en que el plan no va a suponer ni amnistía fiscal ni pérdida de derechos y añadió que su objetivo es facilitar el proceso de legalización del empleo no declarado, aunque advirtió de que una vez superado el plazo para llevarlo a cabo se «endurecerán» las sanciones a las empresas que mantengan o recurran al trabajo irregular.

En este sentido, destacó que la persecución del empleo sumergido es una de las prioridades de la inspección laboral, cuya labor se redoblará en los próximos meses en cumplimiento de las previsiones del plan.

El ministro de Trabajo descartó que estas medidas puedan «asfixiar» a las pymes, al entender que el problema principal al que se enfrentan no son estas medidas sino la «asfixia» financiera que sufren derivada de la falta de fluidez de los créditos.