El Grupo Internacional de Contacto (GIC) ha valorado como «un avance importante» el cese por parte de ETA de la petición del denominado «impuesto revolucionario». «La conclusión a la que hemos llegado es que esta práctica de extorsión ha cesado completamente», se indica en una nota que hizo llegar ayer a los medios de comunicación.

Antes de llegar a esa conclusión, el GIC ha consultado a distintas asociaciones empresariales de Euskal Herria, además de «tomar en consideración» las cartas que ETA hizo llegar a «los líderes empresariales» confirmando ese cese «como una parte integral de su alto el fuego».

La noticia fue confirmada el martes de la semana pasada por la CEN -el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarriá, lo hizo en rueda de prensa- y Confebask. En su edición impresa del día siguiente, GARA recogía el texto íntegro de la misiva que ETA envió a esas organizaciones empresariales.

En esa carta, fechada en marzo, ETA explicaba que su decisión es «consecuencia del alto el fuego permanente y de carácter general» que está en vigor desde el 10 de enero.

El GIC, por su parte, considera que es «un avance importante hacia el logro de la normalización social y política en el País Vasco y debe ser bien valorado por todos». Añade que «continuará comprobando la información respecto al alto el fuego declarado por ETA».

Pesar por el fallo sobre Bildu

En la misma nota de prensa, el Grupo Internacional de Contacto señala que ha recibido «con pesar y preocupación» la resolución del Tribunal Supremo español de «prohibir la participación de Bildu» en las elecciones, sin olvidar que ello ha ocurrido tras la decisión del mismo tribunal de no legalizar Sortu.

«La normalización política sólo será una realidad cuando todos los partidos políticos que se han comprometido exclusivamente con los medios no violentos tengan derecho a participar en los procesos democráticos», indica.

No obstante, los componentes del GIC comentan que, pese a su «decepción», respetan la decisión del TS, si bien se muestran «animados» por el voto particular de la minoría y desean que ahora el Constitucional «tome una decisión que represente una contribución a la normalización política en el País Vasco».