Se acabó el cuento. Se ha convertido en una de las frases más usadas en este inicio de campaña monopolizado por la decisión del Tribunal Constitucional sobre Bildu. El abogado Iñigo Iruin pronosticó allá por 2003 que la ilegalización ocuparía toda una década, y no se equivocó. A medianoche del jueves, casi nueve años después de que se aprobara la Ley de Partidos Políticos, se empezó a escribir su epitafio en dos escenarios muy distintos: el judicial y el social. De momento, en los tribunales españoles los derechos ganan a los vetos sólo por la míni- ma, pero en las calles vascas la victoria ya es por goleada. Son dos escenarios muy lejanos, pero entre los que hay ciertos vasos comunicantes: los líderes del PSOE que acabaron respaldando a Bildu ante el TC nunca lo hubieran hecho si no hubieran percibido el clamor popular. Sí, se acabó el cuento, aunque todavía quede por escribir el último capítulo.

Es más que la Ley de Partidos lo que se tambalea tras este punto de inflexión. La ilegalización (consensuada en 2001, convertida en ley en 2002 y ejecutada en 2003) era consecuencia en realidad de otra doctrina jurídico-política implantada desde 1998 con mano de hierro: el «todo es ETA». No es de extrañar que su primer ariete, Baltasar Garzón, se haya apresurado ahora a abogar por mantener la lupa puesta sobre Bildu. El superjuez en horas bajas percibe que la historia ha cambiado de dirección.

Hay que recordar que la sentencia del Constitucional no supone ya una excepción ni una rareza. El «todo es ETA» se ha venido abajo en los dos últimos macrosumarios juzgados en la Audiencia Nacional: el caso de ``Egunkaria'', en abril de 2010, y el de Udalbiltza, en enero pasado. Y las similitudes entre los tres veredictos son claras. Tres tribunales distintos han sentenciado que las candidaturas ahora y el diario y la institución antes, fueron imputados sin prue- bas, con informes basados en prejuicios, traducciones del euskara tergiversadas, policías travestidos de peritos sin serlo...

Esas sentencias deben allanar otras. Tienen que ir escribiendo, de corrido, el último capítulo de la farsa. El encaje legal de Sortu, por ejemplo, no debería tener duda alguna tras los argumentos sobre Bildu que va desgranando el TC, al que le tocará decidir sobre el nuevo partido. Y la coherencia dictaría liberar ya a políticos presos como Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodriguez y Miren Zabaleta, cuya labor fue decisiva para abrir este camino. El sumario de Bateragune, que se pretende juzgar en julio, es igual en esencia a los de ``Egunkaria'', Udalbiltza o Bildu. Todo es un mismo cuento, en el que sólo van variando los protagonistas.

Habría que ir aparcando en el cajón de la historia también las inercias creadas por esta década de apartheid político. Una muestra muy sonrojante se produjo el jueves en Iruñea; un debate sobre propuestas relacionadas con la discapacidad en la Universidad Pública de Nafarroa quedó suspendido después de que UPN primero, y PSN, PP y CDN después, se negaran a sentarse con Maiorga Ramírez por ser de Bildu. Por cierto, no lo debían tener tan claro cuando al mismo tiempo no pusieron reparos en posar con él para dos diarios navarros por si la coalición finalmente era legal.

La dinámica de la ilegalización ha hecho que terminara pareciendo normal marginar a los independentistas de debates televisivos, actos institucionales, eventos sociales, medios de difusión... Con el fin del cuento se acaban también los tiempos en que eran tratados como leprosos en la esfera pública. Y además, con una enorme carga de hipocresía: ¿O acaso muchos de quienes así actuaban no han hablado en privado con miembros de la izquierda abertzale estos meses para conocer su apuesta de primera mano?

El PSE afirma que no tendrá inconveniente en reunirse con Bildu ahora que es legal. Bien, también para sus líderes, que no debieran olvidar que Patxi López y Rodolfo Ares rozaron el banquillo de los acusados por la única reunión pública mantenida con la izquierda abertzale, el 6 de julio de 2006. Todo eso debe quedar ya como lo que es: un absurdo histórico. No hay excusas para no empezar a hablar, a hablar de política, esa cosa que se supone que es la herramienta de los políticos y que, sin embargo, se ha convertido casi en algo vetado o silenciado en Euskal Herria durante toda esta década. Hablar donde sea, pero lógicamente sin exclusiones. El Parlamento de Gasteiz, el último por incorporarse a las instituciones del apartheid político en 2009, no servirá de mucho: va a quedar paradójicamente como el último en normalizarse después de que los independentistas vuelvan con Bildu al Parlamento navarro, las juntas generales y los ayuntamientos.

Ese nuevo escenario que viene ya ha dejado algunas señales en las primeras horas de la campaña electoral. A fuerza de costumbre, sonaba extraño por ejemplo escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba exponer las tesis del PSOE sobre el estatus de Nafarroa, o a Yolanda Barcina argumentar sobre a quién corresponde decidir los asuntos del herrialde. Extraño, porque para oír afirmaciones similares había que retrotraerse hasta 2006-2007, hace ya un lustro.

La ilegalización de la izquierda abertzale se llevó por delante la política, y la política volverá de la mano de la legalización. Sin exclusiones de interlocutores ni temas en off. En Euskal Herria y para Euskal Herria.