Nuestro sistema comunicativo audio-visual es un sistema limitado y dependiente que no se corresponde a un país avanzado y plural con un proyecto cultural. Está muy por debajo de la satisfacción de las necesidades y demandas informativas y comunicativas.

Como sociedad madura, necesitamos canalizar la comunicación radiotelevisiva para que sirva al desarrollo colectivo, al entretenimiento, a la información, a la comunidad, al conocimiento y al derecho de elección de los usuarios entre programaciones solventes y diversas. Pero el sistema actual, especialmente en la FM, está lejos de responder a unos principios de pluralismo, descentralizadores, normalizadores en lo sociolingüístico e integradores. Y va a peor.

Con poco ruido, sin que los partidos de la oposición se hayan hecho eco o se hayan enterado, se está fraguando un inminente decreto «sobre la Comunicación Audiovisual» en el Gobierno López. Por una parte, soslaya el debate sobre el sistema comunicativo que este país necesita y que hubiera tenido que plasmarse en dos iniciativas:

Primeramente, una Ley de Comunicación Audiovisual vasca (y no un decreto) que fije obligaciones lingüísticas, horas de emisión en desenganche, producción propia y programación cultural para el conjunto del sistema audiovisual, incluido el radiofónico hoy operativo. Así lo tienen en Catalunya. No es aceptable ni transparente que mediante decreto se cuele un modelo sin discusión pública sobre el sistema que necesitamos. Y en segundo lugar, una reforma de la obsoleta Ley de creación de EITB (1982) y con la que los socialistas solo amagaron cuando estaban en la oposición.

Por otra parte, como las licencias de TDT local ya se asignaron y las de TDT autonómicas privadas han de esperar, ese decreto solo será utilizado para un inmediato concurso de 34 nuevas licencias de radio FM que quedaban pendientes y que se asignarían -a tenor del articulado- solo a empresas de radio comerciales.

El resultado sería, si no mediaran criterios compensatorios, que se mercantilizaría y desnacionalizaría todavía más el espectro radiofónico vasco, hoy dominado por cadenas privadas con sede en Madrid, en un ámbito que debería ser de radio vasca y cercana.

Según un estudio exhaustivo realizado por un grupo de investigación de la UPV-EHU, el mapa de la radio, y antes de nuevas concesiones, no puede ser más inquietante. Se trata de una radio centralizada, hiperconcentrada, en castellano, desequilibrada en formatos y géneros y sin compromiso cultural.

23 de las 36 emisoras de FM del decreto están vinculadas a cadenas privadas de ámbito estatal: SER, Cope, Onda Cero....

Lo más relevante, incluyendo la Onda Media que no es competencia vasca, es que el 78% de la audiencia de las privadas está acaparada por cadenas de ámbito estatal, quedando un 22% para cadenas territoriales privadas y radios locales, en clara contradicción con el espíritu del decreto de 11 de noviembre de 1986.

Las emisoras privadas, y por el meritorio esfuerzo de no más de cuatro emisoras, solo atienden a 50.000 euskaldunes sobre un millón de oyentes que tiene el sistema comercial. O sea, no llega a un 5% de su audiencia. El sistema de radio vigente no sólo no es una ayuda para la normalización lingüística, sino que es un obstáculo al sentenciar su invisibilidad. Hay un exceso de radiofórmulas y un predominio de magazines en las muy homogéneas radios convencionales.

La presencia de la música vasca en euskera o castellano o instrumental está casi ausente, salvo en unas pocas emisoras concienciadas. Los compromisos de promoción cultural son inexistentes fuera del sistema público.

En su momento (decreto de 1986), el Gobierno Vasco de la época propugnaba una programación para la ciudadanía vasca. Y, sin embargo, los porcentajes de programación propia y local son muy bajos. Otro fracaso. La programación específica vasca ronda entre la octava y la quinta parte en la programación conven- cional de las grandes cadenas. Ello no es producto de una confabulación respecto al País Vasco sino más bien de un modelo de radio a escala de estado basado en un oligopolio competitivo de tres cadenas de radios privadas y una pública.

De todas formas, ambas cuestiones no se deben sólo al afán absorbente de las cadenas, sino también al abandono del campo de algunos agentes. Uno de ellos de forma forzada (Egin Irratia no emite desde 1998 por auto de la Audiencia Nacional); otros cedieron sus licencias o, por razones de rentabilidad, se asociaron a cadenas.

En el proyecto de decreto de comunicación audiovisual del Gobierno López se renuncia tanto a una radio vinculada social y comunitariamente, como a que tenga un carácter compensatorio respecto al inaceptable reparto actual del espectro.

El proyecto reserva las 34 nuevas frecuencias pendientes del último Plan Técnico sólo a las comerciales. Además, no les fija requisitos de tiempos de emisión en desenganche ni contenidos mínimos de música, de promoción cultural o producción propia. Tampoco se compromete con la radio bilingüe ni con la fórmula, ya tradicional, de respeto a la media sociolingüística de la comarca donde van a ser operativas las licencias.

De hecho, sólo el artículo 9 del proyecto de decreto de «comunicación audiovisual» establece una ridícula reserva de emisiones en euskera.

Para TV -se supone que para futuras autonómicas privadas porque las locales ya están repartidas- propone una licencia por cada cuatro. O sea, 25% cuando la media sociolingüística de vascófonos es del 37%. Y, lo que es peor, no prevé licencias bilingües que respeten las medias sociolingüísticas de cada ámbito de cobertura. Un decreto euskericida.

Es inadmisible que el pluralismo no mueva a dar prioridad a nuevas personas físicas o jurídicas que no estén hoy en el dial o a aquellas que tienen menos peso en el mismo; y que, frente al modelo de cadenas, no sea un criterio la vinculación del prestador de servicio a la zona de servicio a la que se dirige, o que no se den prioridad a las ofertas de programación cultural, educativa, de servicios y de atención comunitaria para sectores y colectivos que merezcan una especial atención, o a las ofertas que habiliten espacios para la participación. Estos criterios ampararían a las comunitarias y locales.

Las radios comunitarias o las sin ánimo de lucro no se contemplan más que para remitirlas a la legislación de Estado. Y ya que apenas existen radios institucionales, ni siquiera se las trata como si fueran públicas, puesto que cumplen una función de hecho de servicio público. Así lo entendió en su día el Decreto de TDTs locales. Debieran estar en un estadio intermedio y prioritario entre las públicas y las comerciales. Como en Catalunya.

En suma, hay dos opciones: La primera es que el proyecto de decreto siga su curso y blinde un sistema radiofónico dependiente, mercantil y sin obligaciones. Sería un predio más de las cadenas españolas y en castellano.

Es posible que el Gobierno Vasco alegue que debe sacar a concurso las radios antes del nuevo plan técnico digital para radio de octubre de 2011 al que se comprometió el Gobierno de España en Disposición Transitoria 15 de la LGCAV, plan que consolidaría a quienes tuvieran concesiones o licencias analógicas anteriores al mismo.

Pero esa interpretación es normativa, timorata, equivocada e interesada.

Lo realmente razonable es que se retire el proyecto y se inicie el debate de verdad para una Ley Audiovisual, entendiendo además que en el futuro digital habrá mucho más sitio para más prestadores. Se corre el alto riesgo de que ahora, con las prisas, se concentren las futuras licencias en quienes tienen concesión o licencia en la era analógica, y más sabiendo que cada canal de audio analógico se reconvertirá en 6 de digital. Lo más democrático es empezar a trabajar en una ley con criterios abiertos, de consenso y no despilfarrar el espectro para dárselo a pocos. Sería irreversible.

Los partidos parlamentarios, el mundo euskaltzale y las radios locales y comunitarias algo deberían decir en un tema tan grave.