A pesar de ser un país habituado a jornadas de máxima tensión política, la noche del jueves al viernes fue políticamente una de las veladas más intensas que se han vivido en Euskal Herria en los últimos tiempos. Nadie era indiferente a lo que sucediese con Bildu, ni quienes salían a las calles de Bilbo e Iruñea exigiendo democracia ni quienes seguían los acontecimientos a través de los medios de comunicación o de las redes sociales. Tampoco las otras formaciones que, en sus sedes, esperaban el comienzo de la campaña sin saber aún a qué clase de comicios se enfrentaban. Había una rara conciencia colectiva de lo mucho que había en juego, de que la decisión del Tribunal Constitucional podía ayudar o entorpecer un cambio político que una gran mayoría de vascos desea y que una gran mayoría de españoles ve con desconfianza o temor. Para última hora de la tarde ni la serenidad mostrada por los portavoces de Bildu ni la conciencia de que la apuesta política del independentismo vasco es estratégica servían ya a casi nadie como bálsamo frente a la ansiedad.

No obstante, las imágenes y los comentarios que llegaban de Bilbo e Iruñea mostraban que, independientemente del fallo judicial, la batalla por la legitimidad estaba ganada, que el Tribunal Constitucional no tenía opción buena, lo que le abocaba a un complicado cálculo de daños. Y es que mientras en Euskal Herria tenía lugar una demostración de músculo social y político, en Madrid toda la maquinaria burocrática e institucional del Estado español calculaba, en el plazo de unas pocas horas y con posturas discrepantes evidentes dentro de sus más altos poderes, las consecuencias políticas que podría tener a medio plazo bien llevar aún más allá la segregación política de una parte de la sociedad vasca o bien poner coto a esa doctrina y permitir que Bildu se presentase a las elecciones.

Consecuencias de un cálculo político

Finalmente en Madrid se impuso la visión estratégica sobre la cortoplacista, lo importante sobre lo urgente. A pesar de las alharacas de la derecha española, es de necios dudar de que los magistrados del TC hicieron lo que pensaban que era «lo mejor para España». No desde un punto de vista jurídico abstracto, sino desde un punto de vista político claro y concreto, en respuesta a la pregunta: ¿qué decisión hará más daño a la concepción del Estado español que está reflejada en la Constitución de 1978? Finalmente consideraron que, en este contexto, la ilegalización de Bildu hubiese tenido efectos secundarios muy adversos.

Por un lado, a nivel político, la iniciativa de los independentistas había calado de manera transversal en la sociedad vasca, convirtiendo la postura del Estado, por primera vez desde que se instauró la Ley de Partidos, en insostenible incluso para sus adalides y beneficiarios en tierras vascas. Por otro lado, diferentes juristas habían advertido una y otra vez que el recorrido de una sentencia como la dictada por el Tribunal Supremo sería tortuoso, especialmente en Europa.

El TC no le ha hecho un favor a los independentistas vascos, simplemente ha tomado la decisión más inteligente y la que deja más opciones abiertas para una lucha política que no se despejará en una noche ni en tribunales, sino en una larga disputa política. Los magistrados han decidido que su verdadera función es la defensa del modelo de estado, no la justificación de la política represiva.

En todo caso, es cierto que el Estado español debe gestionar esta situación partiendo de un enfrentamiento abierto entre dos estrategias que parecen antagónicas. Posiciones opuestas que se reproducen en todos los órganos vitales del Estado, desde la judicatura hasta los partidos políticos. Y que su capacidad de cálculo está claramente mermada por los prejuicios con los que se acercan a la cuestión vasca, en particular, y nacional, en general.

Divisiones frente a unidad

En este momento enfrente tienen un movimiento político que ha salido reforzado moral y políticamente de este envite. Bildu aúna voluntades, refleja compromisos de largo alcance, recupera ilusiones perdidas, combina perspectivas diferentes pero cada vez más compatibles y unidas por un proyecto que cada vez aparece más nítido. Tras la decisión del TC a la inercia positiva del momento se le suma la potencialidad de una oferta electoral que parece capaz de restaurar el mapa institucional y político vasco. El comienzo de campaña de ayer en Iruñea, con un Anaitasuna lleno y con unos asistentes entregados, mostró que la oferta de la coalición es sólida.

En todo caso no cabe olvidar la gravedad de la situación vivida. Tampoco que, pese a esta resolución, Sortu ha sido ilegalizado preventivamente, lo que dificulta la práctica política en igualdad de condiciones. La batalla por la legitimidad democrática sigue abierta y las partes deben haber aprendido de los errores cometidos en esta ocasión y en anteriores. Hay que esperar que esas enseñanzas sirvan para lograr ese cambio en positivo.