Resulta tan indignante ver cómo se pisotean los derechos humanos por parte de a quienes les corresponde su cumplimiento y se pasan el día «defendiéndolos» con la boca llena, mientras los pisotean con sus armas y decisiones, que cuesta trabajo escribir algo que no sea una larga lista de improperios contra ellos. Me refiero a esos gobiernos y sus dirigentes, adalides de la democracia, en nombre de la que no tienen ningún escrúpulo en violentarlos uno por uno.

No sufrir ningún tipo de violencia institucional es un derecho fundamental que no necesita explicación. Desenmascarar esta violencia, es una obligación por parte de quienes sí creemos que los derechos humanos son consustanciales a una vida libre y plena. El asesinato de Bin Laden -¿de que otra forma puede calificarse su «ejecución» y desaparición del cadáver cuando podía haber sido arrestado y juzgado?- pone sobre el tapete el «todo vale» de la violenta política de EEUU para defender sus intereses. Estas últimas semanas, también han sido definitorias para comprobar que al Gobierno español no le tiembla el pulso para, en aras de sus intereses electorales, recrudecer su violencia institucional -que la viene ejercitando desde la Ley de Partidos- en su afán de ilegalizar cualquier opción que cuestione la sacrosanta unidad territorial del Estado, mientras permite la presencia electoral de fuerzas de extrema derecha, claramente fascistas.

En última instancia, y tras mantener a una gran parte del pueblo vasco en vilo, Bildu estará presente el día 22. Las mujeres y hombres que componen sus candidaturas podrán ser elegidos y, en definitiva, el abanico electoral se acercará más a los estándares mínimos que exige una democracia. Ahora bien, que nadie se llame a engaño, la decisión del TC no lava la cara a quienes desde el gobierno han instigado su ilegalización, algo que deberían tener en cuenta las personas que creen en la democracia a la hora de ejercer su derecho al voto. Negar a un pueblo su derecho a decidir cómo y por quiénes quiere ser gobernado, es negarle un derecho fundamental, quienes violentan este derecho demuestran que no tienen problemas para violentar el resto, como está sucediendo con los que les corresponden como personas a las y los presos vascos. Prohibir la marcha del sábado en Arrasate, que pretendía denunciar la imposición de condenas de por vida a las y los presos políticos vascos y exigir la liberación de quienes están gravemente enfermos, es una muestra más de violencia institucional. Si como dicen las normas internacionales, ratificadas por el Estado español, todos los derechos humanos son «universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí», cuando alguno de estos no se respeta todo el sistema de derechos humanos está siendo violentado y, lo que es más grave, por quien debería aplicarlos y defenderlos contra viento y marea.

El 22 de mayo ¡a votar!... eso sí, teniendo en cuenta todo lo dicho.