El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra hoy en Luxemburgo una nueva vista sobre las llamadas «vacaciones fiscales vascas», las ayudas concedidas en la década de los noventa a empresas de nueva creación en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y que fueron consideradas ilegales por la Comisión Europea (CE).

Las diputaciones defenderán la legitimidad de estas medidas ante la máxima instancia judicial europea, después de que el Tribunal de Primera Instancia coincidiese con la CE en que constituían una ayuda incompatible con el derecho europeo.

La vista se centrará en dos de las tres medidas aplicadas en su día. En concreto, se analizará el crédito fiscal del 45% del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos -por ejemplo un edificio- , así como en las denominadas «minivacaciones fiscales», una reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada a partir de 1995.

La tercera medida en litigio, la exención fiscal durante diez años del Impuesto de Sociedades a empresas creadas en 1993 y 1994 ya fue abordada en una vista previa el pasado 10 de marzo, y aún no se conoce la resolución de los magistrados.

El Abogado General del Estado intervino entonces por primera vez de forma independiente del proceso ante la «gravedad» de la situación y la «indefensión» de las diputaciones, y recalcó que el mismo tipo de regímenes fiscales se adoptaron en Nafarroa y otras partes del Estado español español sin motivar acciones de la Comisión. El Gobierno de La Rioja también participó, pero apoyando las tesis de Bruselas.

Las primeras denuncias sobre la posible ilegalidad de las medidas llegaron a manos del Ejecutivo de la UE en 1994, pero no fueron declaradas ilegales hasta 2001, cuando la CE pidió al Estado español que las suprimiera y recuperase las ayudas.

La Comisión anunció el pasado noviembre que pedirá al Tribunal que imponga una multa millonaria por no recuperar la totalidad de las ayudas declaradas ilegales nueve años después de su decisión.

Estos procedimientos suelen tardar más de quince meses de media desde la presentación del recurso, que en este caso se produjo en noviembre de 2009, hasta conocerse la sentencia.