La madrugada del pasado jueves fue mágica, poco o nada tenía que envidiar a esa noche de diciembre en la que Olentzero campa a sus anchas por nuestros hogares. Miles de personas aguardaron, en insólitas protestas, a que un tribunal ajeno diera la campanada reconociendo uno de los derechos más básicos: su derecho al voto.

Es difícil de describir lo que el fallo produjo en mí. Fue una buena noticia. Una señal de que esto marcha. Un rayo de luz al final del túnel. Un gesto ansiado, e incluso llegaría a decir que necesitado, por los más indecisos. Una señal esperanzadora para seguir haciendo camino entre la maleza. Un paso, quizá de gigante, pero un paso.

La impugnación a la que fueron sometidas las listas de Bildu, más allá de una vuelta de tuerca en la espiral represiva, se convirtió en elemento clarificador. El objetivo, quebrado por el dictamen final del TC, era excluir del mapa político y, en definitiva, de la legalidad al bloque principal del independentismo vasco.

Han desaparecido los disfraces y las bambalinas. Ya no hay máscara que valga y ha quedado patente que Madrid, más allá de un contratiempo con ETA, lo que tiene es un problemón con Euskal Herria.

Es cierto que la inquisición española había llegado demasiado lejos, cruzando una línea que nunca debería haber cruzado. Hay que festejar que activó resortes hasta ahora desconocidos y que fue la respuesta ofrecida por la sociedad vasca la que hizo que el estado maniobrara en el último minuto.

La desmedida euforia manifestada ante la sentencia da, sin embargo y quizá sin así pretenderlo, legitimidad a las injustas ilegalizaciones anteriores. Ahora parece lícito que cerca de 40.000 personas no podamos trabajar desde las instituciones en la construcción de otro modelo social y hasta parece que se nos ha olvidado que no todos y todas jugamos en igualdad de condiciones.

El fallo del Alto Tribunal es un paso. Un paso en la buena dirección. Pero un paso insuficiente, como diría el consejero de Interior que ordenó la brutal carga del sábado en Arrasate.