Cuando el Supremo prohibió las candidaturas de Bildu, el PP desenfundó casi de inmediato un alborozado comunicado en el que presentaba la sentencia como un triunfo de «la unidad de PP y PSOE en la lucha contra ETA». Días después, cuando el Constitucional le dio la vuelta a la tortilla, el PP decidió no asumir la decisión como una derrota, sino tratar de presentarla como una traición del Gobierno del PSOE. Llevan desde las elecciones de 2004 demostrando que no saben perder.

La presencia de Bildu en las urnas el próximo 22 de mayo es un enorme varapalo para el PP, no sólo porque reduce sus posibilidades de alcanzar poder institucional en Euskal Herria, sino porque acaba con la ficción política que supone la alteración de su mapa electoral, y lo hace sin que el PP pueda presentar ningún tipo de rédito después de ocho años de apartheid. De hecho, ni siquiera está pudiendo gestionar el cierre de esta etapa que abrió en los tiempos de la mayoría absoluta de Aznar.

La mala digestión de esta derrota está llevando a la derecha incluso a la pérdida de los modales. Esteban González Pons es un claro ejemplo de ello. Ayer llamó «terroristas» a los integrantes del Bildu y, de paso, se ciscó en eso del Estado de Derecho.

Pero el problema no es que el PP, en esta especie de estampida de elefantes que está protagonizando, se quiera llevar por delante a Zapatero, a Rubalcaba y hasta al Tribunal Constitucional. La cuestión es que hasta el último instante va a estar tratando de que la legalidad de Bildu vuelva a ser puesta en entredicho ante los jueces, para ver si así puede obtener una última victoria, que esta vez ya no compartiría con el PSOE.

Por lo tanto, no solo Bildu, sino todo el futuro político de este país, van a seguir amenazados por las lupas de Rubalcaba, Jáuregui y Trillo. Hoy finaliza el plazo para presentar una última impugnación para intentar frenar a Bildu antes de las elecciones. El episodio del cartel es una nimiedad, pero hay jueces dispuestos a tomarlo en consideración.

Y la amenaza no acaba ahí. En cuanto pase el 22 de mayo se abren nuevas oportunidades para que la Inquisición intente que los cargos electos no sean proclamados ni tengan derecho a las actas ganadas con el apoyo popular.

El desatino político de intentar meter mano a las urnas a esta alturas sería enorme. Pero aún no resulta descartable. La derecha política y mediática no va a aflojar en su presión, en la que ya ha perdido toda mesura y sentido común; y, hasta el momento, las actuaciones públicas del Gobierno han acabado siendo las que henchidas de ardor guerrero, al alba y con viento de poniente, le exigían Federico Trillo y los suyos.