Con un lacónico «Sí, hace días» respondió ayer el presidente del Gobierno español a los periodistas que, en los pasillos del Congreso de los Diputados, le preguntaron si había recibido la carta que el Grupo Internacional de Contacto (GIC) hizo pública ayer a través de varios medios de comunicación, entre ellos GARA.

Entre otras cuestiones, los mediadores internacionales que siguen el proceso abierto en Euskal Herria, han planteado a José Luis Rodríguez Zapatero que «compruebe el compromiso de la izquierda abertzale» y que, por su parte, aproveche el momento para usar su «liderazgo» y «el arte de gobernar» que «ha demostrado en el pasado» para no perder «esta oportunidad histórica para ayudar a terminar con el último conflicto violento político de Europa».

Fuentes gubernamentales comentaron a Europa Press que la misiva llegó a finales del mes de marzo y que La Moncloa respondió con otra carta para hacer saber que la habían recibido. Una especie de «acuse de recibo de cortesía», precisaron las mismas fuentes.

En su carta, el GIC, que indica que «es comprensible que el tema de la confianza sea un problema», reclama a Zapatero que, entre otras cuestiones, «flexibilice las estrictas leyes de seguridad para posibilitar un entorno político inclusivo en el País Vasco» y que «colabore con un organismo internacional para verificar el alto el fuego de ETA y para facilitar el desmantelamiento de las armas».

También alude al contexto electoral, comentando que se alegra de «la respuesta responsable y madura que el Gobierno español ha dado sobre la no ilegalización de Bildu». Y, en el mismo sentido, insta a Zapatero a que «haga lo que esté en sus manos para asegurar que se le da a Sortu la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz y la democracia, especialmente a la luz de la decisión del Tribunal Constitucional» de asumir la legalidad de Bildu.

Como era de esperar, las valoraciones que llegaron desde el PP fueron despectivas hacia los componentes del GIC -entre ellos se encuentran Raymond Kendall, ex director de Interpol, o el facilitador sudafricano Brian Currin- y hacia sus propuestas. Concretamente, el portavoz del PP de la CAV, Leopoldo Barreda, acusó al GIC de «favorecer» las pretensiones de ETA y de pretender «equiparar a demócratas y terroristas».

Durante un acto electoral del PSE en Gasteiz, Idoia Mendia coincidió en rechazar la labor del GIC señalando que «no necesitamos mediadores». «Somos un Estado democrático; los partidos vascos somos capaces de alcanzar acuerdos y resolver nuestros problemas», manifestó la también portavoz del Ejecutivo de Lakua, para añadir a continuación «que la única verificación» que se lleve a cabo debe correr a cargo de las FSE.

«Muy positiva»

La izquierda abertzale, en cambio, valoró de forma «muy positiva» la carta enviada por el Grupo Internacional de Contacto al jefe del Gobierno español, destacando el «compromiso e implicación» que mantiene desde su creación.

Precisamente, resalta que esa implicación y apoyo internacional son «fundamentales para la consolidación y desarrollo del proceso abierto en Euskal Herria».

«Consideramos imprescindible que el Estado español dé pasos para que se conforme en Euskal Herria una situación democrática en el que todos los derechos de todas las personas sean respetados», indicó en su comunicado la izquierda abertzale. Y subrayó que en el contexto electoral en el que nos encontramos en estos momentos, no se puede obviar que «los derechos civiles y políticos de decenas de miles de personas siguen estando vulnerados, ya que continúa la persecución de actividades políticas».

Cómo ejemplo de ello, trajo a colación la condena impuesta ayer mismo por la Audiencia Nacional española al histórico militante abertzale Tasio Erkizia [información en la página 19], lo que, en su opinión, refleja que «el Estado español sigue utilizando la represión contra opiniones y actividades políticas».

La izquierda abertzale considera «urgente» la conformación de un escenario democrático «que plasme los contenidos recogidos por el Acuerdo de Gernika» y entiende que, alcanzar ese horizonte, es «una responsabilidad y labor muy importante el trabajo en común» que deben llevar adelante los agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria, con «el impulso de la sociedad vasca». Por su parte, manifiesta su «total compromiso para avanzar en esa dirección».