Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) deberán pronunciarse entre hoy y mañana sobre una serie de medidas con las que la Comisión Europea pretende «evitar el cruce irregular de las fronteras exteriores», sobre todo en Italia, Grecia y Turquía, y al mismo tiempo «consolidar una tradición de asilo y protección».

«No se trata de construir una fortaleza», defendió la comisaria encargada de cuestiones de inmigración, Cecilia Malmström, pero la serie de medidas propuesta por Bruselas parece responder a las presiones del Estado francés e Italia para reformar el Tratado de Libre Circulación de Schengen a raíz de la ola de inmigración llegada a Europa tras las revueltas en el norte de África y contentar así al electorado de extrema derecha.

Malmström asegura querer evitar un uso discrecional de la «disuasión» y querer avanzar en la acogida de los refugiados del norte de África. «La UE debe mostrar su solidaridad», sostuvo. Pero París sigue diciendo «no».

El Tratado, adoptado en 1985, implica la supresión por parte de los estados firmantes de todas las fronteras interiores, lo que garantiza la libre circulación de personas y permite tener normas comunes sobre controles fronterizos, emisión de visados y solicitudes de asilo.

La medida más polémica propuesta por Comisión Europea (CE) es la de «establecer un mecanismo que permita decidir, en el ámbito europeo, qué estados reintroducirían de forma excepcional controles en las fronteras interiores en la zona Schengen y por cuánto tiempo». Este mecanismo, dice la CE, sería «un último recurso en situaciones realmente críticas», como la llegada de flujos masivos de migrantes irregulares, hasta la adopción de otras medidas para estabilizar la situación en el tramo afectado».

Ayer mismo, el Gobierno liberal-conservador de Dinamarca, que está apoyado por el ultraderechista Partido Popular Danés, se adelantó a la reunión de hoy y anunció su decisión de volver a establecer «tan pronto como sea posible» controles permanentes en sus fronteras internas con Alemania y Suecia, así como el refuerzo de los controles en aeropuertos y aguas territoriales para «aliviar la criminalidad».

En el marco del Acuerdo de Schengen, Dinamarca no puede restablecer los controles fronterizos tradicionales. Pero, de acuerdo con las normas europeas, puede implementar de forma permanente las aduanas fronterizas para llevar a cabo controles aleatorios de vehículos.

La CE anunció que pedirá «de inmediato» aclaraciones a Copenhague y advirtió de que no tolerará retrocesos en la libre circulación de personas en la UE.

Pero el mismo espíritu que ha impulsado a Dinamarca es el que motiva las reclamaciones francesas e italianas de reforma del Tratado, con el que dicen querer combatir las deficiencias, malas prácticas y abusos en la política de inmigración y asilo en la UE. Además, después de que Italia otorgase permisos de residencia temporal a varias decenas de miles de tunecinos llegados a Lampedusa, Alemania, Países Bajos y Bélgica, según recordó Efe, reintrodujeron las teóricamente extinguidas fronteras interiores tras alegar que Roma actuó contra la «buena fe» que presume Schengen a sus integrantes, los Veintisiete -menos Gran Bretaña, Irlanda, Bulgaria, Rumanía y Chipre- y Suiza, Noruega y Liechtenstein.

Guardia fronteriza y ayudas

Al margen de la cuestión de los controles en las fronteras internas, Bruselas también recomienda la creación de un sistema europeo de guardia fronteriza y el refuerzo de la capacidad operativa de Frontex (agencia encargada de las fronteras exteriores).

La CE asegura haber constatado «abusos» en los países beneficiarios de una exención de visado para sus nacionales, parti- cularmente en los países de los Balcanes occidentales (Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Albania), y plantea modificar el reglamento que prevé una cláusula de salvaguarda para permitir, bajo ciertas condiciones, la reinstauración temporal de la obligación de visados para los ciudadanos de terceros países.

Aboga también por «luchar contra el mercado de trabajo informal» en los Veintisiete para hacer frente a la inmigración irregular y propone una política de incentivos en materia de visados y de asistencia financiera para los socios comunitarios cuyos nacionales emigran de manera irregular en el seno de la UE. Insiste en la necesidad de «reforzar la política de readmisión» de migrantes en situación irregular por sus países de origen y plantea «acuerdos de readmisión desde la perspectiva de las relaciones globales de la UE con el Estado miembro en cuestión» y una colaboración condicionada aplicada a las cuestiones de migraciones».

Bruselas apuesta, asimismo, por «llegar a un acuerdo equilibrado sobre la revisión del reglamento de Dublín» que impone la tramitación de las demandas de asilo por el país de la UE al que llega el solicitante y recomienda «compartir las responsabilidades de la reubicación con los países del primer asilo»».

Para salir al paso de las críticas por sucumbir a la presión de París y Roma, la CE asegura que lleva un año trabajando en esta propuesta.