¿Qué porcentaje de alquiler quiere lograr en las VPO, y cómo piensa realizarlo ante la negativa de Kutxa de dar más crédito?

Emilio Zubia (Aralar): Apostamos por el 100%. Los poderes públicos deben asumir una política de vivienda de carácter universal, no como una forma de paliar la situación de los más necesitados.

Es evidente que tenemos un problema serio con Kutxa porque está sujeta a los agentes políticos. Hay que movilizar los presupuestos públicos.

Ricardo Burutaran (Bildu): Abogamos por que el 100% sean bajo este régimen. Es fundamental crear un parque público gestionado y controlado por la Administración y que periódicamente revise si el inquilino sigue teniendo la necesidad de ocupar ese tipo de vivienda.

Kutxa no es la única forma de crédito. En esta legislatura el alcalde ha dispuesto de 86 millones de euros por la venta de acciones de Naturgas y no ha destinado ni un céntimo a este tipo de construcción.

Iñaki Gurrutxaga (PNV): El 75% tiene que ser en alquiler. Darla en propiedad supondría edificar y edificar, y la superficie tiene un límite.

Hay que fortalecer la capacidad financiera de Etxegintza. La venta de suelo municipal residencial u otros derechos patrimoniales equivalentes se deben destinar a la promoción de vivienda municipal de alquiler.

Kintxo Gómez (Ezker Batua-Berdeak): Antes de edificar habría que rehabilitar zonas ya construidas como Txomin o aprovechar suelo, como el de los cuarteles de Loiola.

El Ayuntamiento no da de sí para financiar todo esto, y sólo pensamos en las entidades financieras. La ley municipal debería contemplar que parte del dinero de los contribuyentes se destinara a la edificación de vivienda pública.

Jaione Arratibel (H1!): Hay que lograr el 100 %; los donostiarras no podemos financiar a un grupo de personas la vivienda protegida en propiedad. Hay que cambiar de modelo y mirar hacia Europa.

Hay que solicitar la intervención de otras instituciones como Lakua y Diputación para que ayuden en la financiación.

José Luis Arrue (PP): La vivienda protegida con derecho a superficie es una lotería y esto no es asumible. Nos negamos a pensar que se haga o no vivienda protegida depende de Kutxa, pero estamos seguros que se implicaría si así procediera.

Jorge Letamendia (PSOE): Buscamos que el conjunto de los apartamentos en suelo público y la mitad de la VPO que corresponde al Ayuntamiento se desarrollen en alquiler. Es sorprendente que partidos que están en Kutxa aboguen por vivienda de alquiler y luego no den ayudas.

Juana Aranguren (Plazandreok): Aunque todas las viviendas protegidas fueran en alquiler, no sería suficiente, por eso apostamos por programas como Alokabide. Por otro lado, habría que redefinir las políticas urbanísticas, dejar de especular y dejar de considerar la vivienda como una inversión en lugar de un derecho básico. Hoy, si no tienes casa eres un paria.

¿Está dispuesto a que Etxegintza compre las viviendas amenazadas por desahucio, convirtiéndolas en VPO con los habi- tantes como inquilinos?

Aralar: Éste es un problema supramunicipal; Etxegintza no tiene capacidad para hace frente a esto pero sí podríamos hablar de que las administraciones públicas se hicieran cargo de las viviendas y mantener a los inquilinos en régimen de alquiler, de manera que el dinero revirtiera en las arcas públicas.

Bildu: Con las viviendas libres no estamos dispuestos; supondría dar un apoyo aún mayor a las entidades financieras. A las personas amenazadas por desahucio habría que incluirlas en las listas y que pudieran optar a una protegida en alquiler. Dicho sea de paso, no estamos de acuerdo con el sistema de los sorteos; creemos que hay situaciones preferentes.

PNV: Que Etxegintza compre una vivienda a precio de mercado de vivienda libre para luego cobrarla a precio de vivienda VPO, además de ser económicamente inviable, animaría a que la gente no pagara.

EB: Hay que distinguir la vivienda pública y la libre. En la primera no hay discusión, el Ayuntamiento tendría que actuar. En cuanto a la privada, no podemos pretender recuperar la villa de un señor. Esto habría que tratarlo desde políticas sociales.

H1!: No debemos actuar así, porque si el inquilino sabe que la Administración le protege puede que deje de pagar.

PP: No lo contemplamos. Lo que hay que impulsar son programas como Alokabide.

PSOE: Un ayuntamiento carece de las posibilidades económicas cuantiosas que un programa de esas características exigiría. Además, no debe intervenir en la compra de viviendas desahuciadas.

Plazandreok: Es más razonable aplicar la denominada «dación en pago»; es decir, que el valor de los pisos subastados sea el valor que inicialmente se aceptó a efectos de subasta, así la deuda quedaría liquidada. Si esa vivienda es VPO, el organismo público podría ejercer derecho a comprarla y alquilársela a quien la ha perdido con un precio ajustado a su realidad.

¿Cuáles son sus prioridades en materia de vivienda?

Aralar: El objetivo de la venta de vivienda protegida, algo exclusivo y cortoplacista, debe pasar a ser secundario, otorgando prioridad al alquiler y al realojo como inversión estratégica a medio y largo plazo.

Hay que frenar las zonas a edificar y hay que modificar, tal y como aconsejó el Ararteko, los criterios de adjudicación de viviendas protegidas porque son muy cómodos, pero no son justos. Creemos que una fuerte presión popular podría acelerar una solución.

Bildu: Donostia sigue siendo una de las sociedades con el precio de vivienda más alto y más de 13.000 personas han participado en el último sorteo. Hay que realizar un estudio que analice la demanda total real. Hay personas que quieren una vivienda en propiedad y otras que no pueden apuntarse porque no llegan al umbral de recursos mínimos exigidos. Por otro lado, opinamos que las viviendas sorteadas deberían rotarse, dado que las realidades de las personas son cambiantes.

PNV: El momento económico actual ha mostrado que las políticas basadas en el desarrollismo están fracasando. Uno de los elementos complementarios al desarrollo de la construcción es la utilización de lo ya existente, por eso son tan importantes los programas de rehabilitación.

Convendría definir qué es una vivienda vacía, y aumentar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a aquellas personas que tengan más propiedades.

EB: Hoy día es impensable que, por ejemplo, una pareja joven pueda independizarse. Por eso hay que hacer una nueva ley municipal y que la Diputación de Gipuzkoa aporte más capital al Ayuntamiento -hoy día aporta el 50% del presupuesto-. En cuanto a las regresivas políticas fiscales, hay que modificarlas y hacer que pague más quien más tenga.

Se puede edificar, pero primando la rehabilitación de las zonas degradadas: vega del Urumea, Txomin, cuarteles de Loiola y Antondegi, donde las administraciones compraron ya terreno. Hay que terminar con los bloques de viviendas vacías e intervenir para que se terminen de construir.

H1!: En primer lugar, crear un listado único de solicitantes de vivienda pública, unificando las listas de Etxebide (Lakua) y Etxegintza (Ayuntamiento de Donostia) y también todos los trámites en una ventanilla.

Promocionar la vivienda pública en régimen de alquiler y destinar como máximo, tal y como aconsejan los estudios, el 30% de los ingresos al alquiler. El pago debería calcularse en base a los ingresos de la persona adjudicataria de una VPO.

PP: Poner en marcha ya las actuaciones de vivienda en barrios como Txomin, Auditz-Akular, San Bartolomé, sin olvidar- nos de Antondegi.

PSOE: Hay que terminar las promociones de Morlans y Pagola, y deben iniciarse inmediatamente las viviendas protegidas de Plaza América. Por último, deben salir a licitar este verano, cuando estén terminados los expedientes de reparcelación y expropiación, las importantísimas operaciones de choque de Auditz-Akular y de Txomin.

Plazandreok: Suscribo muchas de las propuestas, como actuar sobre las obras paralizadas, pero como partido feminista hago hincapié en las necesidades de la mujer. Nos oponemos a los sorteos de VPO, y abogamos por que en la baremación se vele por los intereses de ellas, ya que a menudo sufren peor situación económica. Apostamos por que la vivienda se ajuste a las necesidades de las personas y por estudios como los de Gros, con servicios comunes.