Amnistía Internacional (AI) presenta estos días su informe de 2011 sobre las conculcaciones de los derechos humanos en todo el mundo y, aunque la mayoría de los medios dan cuenta de las vulneraciones cometidas en territorios lejanos, lo cierto es que el detallado trabajo del organismo internacional saca los colores a los estados español y francés, y lo hace además de manera muy contundente. Así, al Gobierno de Madrid le reprocha que siga manteniendo el régimen de incomunicación y que, un año más, no haya hecho nada para erradicar la tortura, principal preocupación de AI respecto al Estado español.

El Ejecutivo de Nicolas Sarkozy no sale mejor parado del examen, y entre otras cuestiones se le echa en cara el haber promovido políticas racistas, como la expulsión de población de origen romaní, y recortado el derecho de asilo. Todo un varapalo para un estado que se jacta de ser la cuna de los derechos humanos. Esos derechos, a la vista está, no se violan sólo en África u Oriente Medio, como algunos se empeñan en hacernos creer. El informe es, en este sentido, un toque de atención a los gobiernos, pero también a los medios y al conjunto de la sociedad.