De «varapalo judicial» calificó ayer Ekologistak Martxan la sentencia firme del Tribunal Supremo español que declara nulo de pleno derecho una orden del Departamento vizcaino de Urbanismo que aprobó en setiembre de 2005 definitivamente la modificación de las Normas Subsidiarias de Muskiz, en la playa de La Arena. Se trataba de la reclasificación y recalificación de un terreno limítrofe al término municipal de Zierbena, que pasaba así de «suelo no urbanizable de ocio y recreo» a «suelo urbano de zona residencial aislada».

Estos desarrollos urbanísticos -que iban a permitir la edificación de 4o chalés en una parcela de Muskiz e indirectamente la de 62 pisos en otra de Zierbena- fueron aprobados por los ediles del PNV que gobernaban entonces ambos ayuntamientos, siendo posteriormente refrendadas por el también jeltzale Patxi Sierra Sesumaga, por entonces responsable foral de Urbanismo y Relaciones Municipales.

Ekologistak Martxan llevó el caso a los tribunales, al estimar que el Consistorio muskiztarra y la Diputación, al reclasificar esa zona de antigua marisma, sólo habían beneficiado a los promotores. En primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de la CAV (TSJPV) desestimó el recurso contencioso-administrativo, que ahora el Supremo ha aceptado en casación.

El alto tribunal estima que «de la prueba practicada se concluye fácilmente (...) que los terrenos que objeto de controversia carecían de los servicios característicos del suelo urbano» y que «se obtendrían mejores resultados urbanísticos dedicando estos terrenos a los usos previstos de ocio y recreo, derivados a servicios de playa, deportivos o de defensa de la naturaleza y sin aumento de edificabilidad». Los seis magistrados de la Sección Quinta del TS concluyen que el cambio de clasificación del suelo de no urbanizable a urbano «es contrario a derecho».

El colectivo ecologista que emprendió esta dilatada batalla judicial considera que la sentencia «pone de manifiesto, una vez más, que la actuación del Departamento de Urbanismo de la Diputación está supeditada a la satisfacción de los intereses particulares de los constructores, y no el interés general».

«Pelotazo urbanístico»

Ekologistak Martxan recuerda que hace cuatro años denunció públicamente que para construir más pisos se pretendía modificar el cauce de un arroyo. También advirtió del «pelotazo urbanístico» que se ocultaba tras el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento presidido por el jeltzale Gualber Atxurra.

«Los terrenos del camping en desuso fueron vendidos por Campsa -actual CLH- cuando se privatizó por 28.000 euros y su comprador los vendió en siete lotes diferentes a las constructoras Ondarra y Excavaciones Iru-Bat por 16,9 millones de euros en los años 2001 y 2002», recuerdan. Además, señalan que, tras el concurso de acreedores de la segunda empresa, la promotora es Promega.

El actual equipo de gobierno de Muskiz (EA y PSE), así como la oposición de Zierbena (Zierbena Beti e izquierda abertzale) se han opuesto a la polémica urbanización junto al arenal, en el antiguo camping del Peñón. Además, el 11 de febrero, las Juntas Generales de Bizkaia refrendaron una proposición no de norma en la que se instaba a todas las administraciones implicadas a que actuasen para paralizar el proyecto; tan sólo los apoderados del PNV se opusieron al acuerdo.

Ahora, con el aval judicial, los ecologistas esperan que Demarcación de Costas, dependiente del Ejecutivo español, atienda una demanda del Ayuntamiento de Muskiz para que se efectúe un nuevo deslinde costero. El objetivo es, precisan, salvaguardar del cemento la playa de La Arena y sus aledaños. Un informe técnico encargado por el Consistorio muskiztarra concluye que las parcelas donde se pretendían levantar 40 chalés y 62 pisos eran marisma al 92% y 65% respectivamente, atendiendo a las mediciones.

El último plan urbanístico relacionado con La Arena que ha sufrido un revés judicial se suma a otro en el que el TSJPV dio parcialmente la razón a Petronor y obligó al Ayuntamiento de Zierbena y al promotor inmobiliario a modificar la urbanización denominada ``Los Tamarises''. Los jueces estimaron que la parcela donde se iban a levantar tres bloques de viviendas invadía los terrenos que forman parte de la servidumbre de seguridad de un oleoducto que atraviesa la zona desde 1974, violando el área de exclusión de 20 metros que establece la ley.

La previsión de los responsables municipales galipos era de que, una vez aprobadas las modificaciones del controvertido proyecto, las obras de construcción de los pisos iban a comenzar después del verano.