El jueves los portavoces de los miembros de la dirección de Musikene que han dimitido -son la mayoría-, así como profesores y alumnos del Centro Superior de Música de Euskal Herria pedían a los partidos políticos y, sobre todo, a la consejera de Educación de Lakua, Isabel Celaá, que tomen cartas en el asunto, ante la situación de «autarquía» y la crisis abierta debido a la gestión de la coordinadora general, Carmen Rodríguez Suso. Ayer, acompañada por el director académico, Juan Carlos Perez, y el responsable de la gestión económica, Carmelo Labirua-Iturburu, Rodríguez Suso intentó responder a las acusaciones en una rueda de prensa en la que, lejos de ser un acto tranquilo, se encontraron con que alumnos del centro les pedían ruidosamente y de forma muy gráfica su dimisión.

Rodríguez Suso no cuenta con el apoyo del alumnado y una muestra clara de ello fue la comparecencia de ayer. Ante la aplastante presencia en el recinto de quienes protestaban -todos ellos estudiantes de alto nivel en este centro de prestigio internacional-, los aún directivos del centro decidieron suspender el acto. Ante los abucheos y los aplausos a una pregunta formulada por un colaborador de los dimisionarios que se encontraba entre la prensa, Rodríguez Suso, Perez y Labirua-Iturburu decidieron que aquello tenía que acabar y se marcharon, mientras pedían su dimisión.

«Lujo asiático»

Pero la coordinadora no se ha planteado dimitir, según dijo en el escaso tiempo en el que habló para la prensa. Alegó que se «debe» al Patronato de la Fundación Musikene y que está «a su disposición». Además, admitió su «sorpresa» por las críticas de los dimisionarios, especialmente porque quien actuó como portavoz, la subdirectora de Ordenación Académica ahora en funciones, Margarita Lorenzo, fue quien le transmitió en un primer momento «la idea» de que Musikene «vivía dentro de un lujo asiático» y «había que recortar».

A su parecer, «resulta evidente que la situación actual guarda una importante relación también con la reestructuración de la plantilla, necesaria para redimensionar el centro y hacerlo gestionable». Además, el responsable de la gestión económica, Carmelo Labirua-Iturburu, quiso aclarar que el presupuesto de este año es menor que el del anterior, pero mayor que los siguientes, por lo que cada vez habrá «menos dinero para dividir y eso crea tensiones entre los profesores, difíciles de asimilar».

Respecto a las «constantes injerencias» que los dimisionarios denunciaron, Rodríguez Suso explicó que su contrato le «obliga a controlar el funcionamiento del centro». Además, añadió que el control de las actas se debe a que «la formación burocrática necesaria para la dirección no es habitual en este mundo».

Reprochó la «deslealtad» de los críticos por «arrojar sombras de duda sobre la gestión actual», porque la dirección «ha mostrado sobradamente su disposición» a tratar estos temas, según manifestó. Tachó, asimismo, de «irresponsable» mezclar al centro «con las eventualidades de la vida pública». En su opinión, estos conflictos deben solucionarse en casa. No dio cifras, pero dijo que el coste por alumno es superior en 10.000 euros por año a los que maneja el siguiente conservatorio estatal del mismo tipo.