Miembros del foro ciudadano por una Caja Navarra pública y social, impulsado inicialmente por los sindicatos ELA, ESK, LAB Solidari y STEE-EILAS, así como por las formaciones políticas Aralar, EAJ-PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Abertzalea, comparecieron en un hotel iruindarra para valorar la convocatoria del consejo general extraordinario de Caja Navarra, el próximo miércoles día 18, donde se aprobará la segregación de los negocios de Caja Navarra a favor de Banca Cívica, el nuevo grupo del que forma parte la entidad navarra junto con Cajasol, CajaCanarias y Caja de Burgos.

Este consejo, a juicio del foro ciudadano, reviste una importancia trascendental «por cuanto que en la misma se va a proponer, en la práctica, la desaparición de CAN como entidad financiera propia». Por ello, y por considerar que las fechas electorales no son las más adecuadas para su celebración, solicitaron su aplazamiento, así como la apertura de un proceso de información pública y debate institucional y social, a impulsar en los próximos meses, «en el que tomen parte activa el nuevo Parlamento Foral e instituciones locales, así como las distintas organizaciones sociales, impositores de CAN y ciudadanía en general».

Este proceso, además, debería tener en cuenta, en opinión del foro, «a otras cajas cercanas y bien posicionadas como opciones a considerar».

En su comparecencia, los impulsores del foro reiteraron que la segregación y traspaso a Banca Cívica del cien por cien de los activos financieros de CAN supone «el vaciamiento financiero total de esta entidad y, en esta medida, la pérdida de una herramienta imprescindible que conjugue a la vez el mantenimiento de una entidad solvente con la capacidad de fijar prioridades políticas y poder dar respuesta así a las necesidades concretas que vivimos en Navarra».

Lo anterior supone, a su juicio, no sólo la deslocalización y el traslado de los centros de decisión fuera de Nafarroa -Madrid, Sevilla-, sino «dejar en órganos ajenos a nuestra comunidad el poder para adoptar decisiones de gran importancia para nuestra vida económica y social, a lo que habría que sumar en su caso los posibles efectos fiscales para la hacienda pública navarra derivados de todo lo anterior».

Asimismo, entienden que la propuesta de salida a Bolsa y de entrada de terceros inversores, como fondos de inversión o capital privado, supone «abrir de par en par las puertas a la privatización de aquélla y su sometimiento a intereses exclusivamente privados», así como «el abandono del equilibrio entre la necesaria solidez financiera y el carácter público y social».