La vista celebrada ayer en el Tribunal Supremo para analizar el recurso presentado por la Fiscalía contra la absolución de Arnaldo Otegi, Joseba Alvarez y Joseba Permach por el acto celebrado en Anoeta hace casi siete años, y la presentación en el Tribunal Constitucional del recurso de Sortu contra su ilegalización son dos ejemplos de que la actividad política vasca continúa profundamente condicionada por la Justicia española. La permanencia del propio Otegi en prisión, igual que otros muchos militantes de la izquierda abertzale, o el tortuoso camino que se ha visto obligado a recorrer Bildu para concurrir a los comicios del domingo, no hacen sino confirmarlo. En este caso, el Alto Tribunal español ha fallado a favor de los tres militantes independentistas, del mismo modo que hace unas semanas ese mismo tribunal inclinó su balanza en contra de Sortu, y también de Bildu.

La vida política de Euskal Herria no puede seguir por más tiempo condicionada por la decisión que en cada momento puedan adoptar unos cuantos jueces que, además, tienen tendencia a decantarse en función de intereses políticos. La movilización social que revocó el veto a Bildu demostró que en la sociedad vasca hay energía suficiente para romper un dique, el judicial, con el que los estados pretenden contener las aspiraciones de este país.