Han pasado cuatro años desde que fuera elegido diputado general. ¿Cuál es su balance de la legislatura?

Ha sido una legislatura dura, en la que la crisis económica nos ha golpeado sin parangón desde el crack del 29. Pero, de todos modos, si la credibilidad de un político se marca por el grado de cumplimiento de las promesas electorales, puedo decir con cierta satisfacción que he cum- plido prácticamente el cien por cien de las promesas que realicé en mi discurso de investidura.

Araba es un herrialde marcado por el reparto de votos entre el PNV, el PSE y el PP. ¿Cómo se presenta para usted la cita electoral del 22 de mayo?

Yo la espero ilusionado. Los ala- veses ya han conocido durante ocho años el pacto entre el PP y el PSE, y creo que saben que la única forma de evitar nueva- mente dicho pacto es votando al PNV.

Sin embargo, el panorama político cuenta con un nuevo actor. ¿Cómo ve la irrupción de Bildu?

Desde un primer momento no entendí por qué se impidió la inscripción de Sortu. A mi entender, eso fue un lavado de manos del Gobierno español, que dejó la patata caliente a los tribunales. Creo que el Tribunal Constitucional ha corregido un error político del Tribunal Supremo, y me parece que la irrupción de la coalición es buena para todos. No me planteo la legalización de Bildu en términos de mayorías, sino que me lo planteo en terminos de normalización y de pacificación de este país.

Pero ¿estaría dispuesto a repetir un Gobierno en coalición con otros partidos abertzales, incluido Bildu?

Eso habría que preguntárselo a Bildu. No obstante, si es una formación electoral legal, que irrumpe en las elecciones y que va a tener su cuota de votantes, ¿por qué no? Para gobernar Araba se necesitan 26 junteros. Estoy abierto al diálogo y al acuerdo con aquellas formaciones políticas que garanticen la estabilidad de la Diputación.

El punto de inflexión esta legislatura ha sido el «caso Miñano». ¿Cómo puede afectarle al PNV?

No lo sé. La verdad es que es difícil medir el impacto del caso en la ciudadanía. Creo que desde la Diputación actuamos como teníamos que actuar, con responsabilidad. Aposté por colaborar con laJusticia, respetar la presunción de inocencia de los implicados y, si se demostrara que han cometido algún tipo de delito, que se les aplique la ley. También opino que la justicia lenta no es justicia, y llevan un año instruyendo el sumario.

En cuanto a la economía, ¿estaría dispuesto a debatir sobre la reforma de la fiscalidad tras las elecciones?

En Araba tenemos un sistema fiscal más progresivo que en el Estado español, y cuando digo progresivo quiero decir más justo. La reforma fiscal debe llevar consigo un debate sosegado entre las instituciones buscando no descordinarnos. Tiene que ser un sistema fiscal armonizado y coordinado, y creo que podemos revisar nuestro sistema con el objetivo de hacer frente a todas las políticas públicas a las que se deben dar respuesta desde las instituciones públicas.

Por otro lado, todavía esta pendiente la polémica de las «vacaciones fiscales». ¿Como van a responder Araba a las exigencias de Europa?

En el tema de la «vacaciones fiscales», las tres diputaciones hemos defendido a las empresas de cada herrialde, porque nosotros creíamos que las medidas adoptadas eran absolutamente pertinentes. La propia Comisión Europea tardó más de seis años en decir que no lo eran. Además, nosotros hemos recuperado ese dinero, pero la Comisión dice que hay que recuperar aún más.

¿Y en el «caso Rover»?

En este caso lo que no tiene sentido es que el TS se ponga a interpretar el Concierto Económico, y lo haga siempre a favor del Estado español.

En lo referente al euskara, hace unas semanas Kontseilua publicó un informe crítico con Araba. ¿Qué espera hacer para corregir esta situación?

La preocupación por el desarrollo del euskara en Araba siempre ha estado presente en esta Diputación. Un paso importante sería que, en una situación normalizada de país, el euskara no se utilice como arma arrojadiza.

Por último, ¿será ésta la legislatura de Trebiñu?

El problema en Trebiñu es que hay formaciones políticas como el PP y PSOE que aquí dicen que el Condado es Araba, y sin embargo, en Castilla y León votan en contra de la integración. Además, el Estatuto castellano leonés tiene una disposición que blinda la posibilidad de una integración.