Las continuas amenazas del presidente peruano, Alan García, de hacer frente a las protestas mediante la fuerza, no ha movido ni un ápice a los campesinos congregados frente a la frontera con Bolivia. Piedras, alambres de espino y barras de hierro cubren el asfalto, impidiendo el paso a centenares de camiones inmovilizados tanto a un lado como a otro de la frontera. Las proclamas duran ya más de diez días, y nada parece indicar que los campesinos estén por la labor de desconvocar las movilizaciones.

El proyecto que quiere llevar a cabo una empresa minera canadiense en las inmediaciones del lago Titicaca ha puesto en pie de guerra a más de 25.000 campesinos, que protestan por «el considerable impacto medioambiental en las zonas habitadas por poblaciones indígenas en el departamento de Puno», en el sur de Perú. Opinan que la explotación de la mina Santa Ana, que se prevé comience el próximo año, pone en grave riesgo los manantiales del lago Titicaca y del río Desaguadero, porque podría «anegar y manchar considerablemente sus aguas».

A pesar de que los campesinos han intentado mantener conversaciones pacíficas con las autoridades peruanas, aseguran que el Gobierno de García ha optado por no escucharles, por lo que se han visto forzados a tomar otras vías. Precisamente, el puente de Desaguadero es una de las principales vías que une Perú y Bolivia, por lo que su interrupción ha tenido graves consecuencias en la actividad comercial de ambos países.

Mientras los campesinos muestran su descontento por el proyecto que afectará a sus cosechas, los camioneros retenidos protestan por no poder avanzar en su camino; «a diario como mínimo se pierden alrededor de 60.000 dólares -42.087 euros- sólo en gastos de transporte», aseguran. La cuestión es que la situación en el puesto fronterizo de Perú no sólo afecta a ese país, sino también al vecino, donde los establecimientos más cercanos a ese límite llevan más de una semana cerrados.

Mediación con Bolivia

Dado que las protestas han comenzado a afectar a actividades cotidianas, el presidente peruano ha mostrado su intención de tratar el tema con su homólogo boliviano, Evo Morales, para que «ambos países puedan aunar fuerzas en buscar una solución a este gravísimo conflicto innecesario que amenaza con deteriorar el comercio bilateral».

Sin embargo, la principal tarea del Gobierno peruano se sitúa en estos instantes en arreglar los problemas que tiene en casa; hace apenas dos días llegó a Puno una Comisión de Alto Nivel encabezada por el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, para buscar una solución dialogada con los manifestantes. Los campesinos dejaron claro desde el primer momento que el primer nudo a desatar era el cese y cancelación definitiva de la mina Santa Ana, la cual afecta a sus comunidades desde hace varios años.

El mismo presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, ha expresado su opinión en el sentido de que «el Ejecutivo debe atender el reclamo de los manifestantes».

García espera solucionar cuanto antes «el problema», como él lo llama, a la vez que no descarta que detrás de las protestas hay algún interés político; no se puede olvidar que en escasos veinte días Perú celebrará la segunda ronda de los comicios presidenciales.

Si las conversaciones entre las partes no llegan a buen puerto, el presidente peruano ha asegurado que no dudará en dar «una orden de actuación severa de la Policía».