En julio de 2009, tras once años de lucha en los tribunales por parte de la asociación naturalista Txipio Bai, el Tribunal Supremo español decretó la nulidad de la reclasificación de los terrenos de los sectores Muriola y San Telmo de Barrikabaso de «suelo no urbanizable de especial protección paisajística» a «suelo urbanizable» para construir 85 chalés y 12 pisos. La promoción la impulsaba la familia Lezama-Leguizamón, siendo el Ayuntamiento de Barrika y la Diputación vizcaina quienes dieron el visto bueno a la polémica operación inmobiliaria.

Durante más de una década, las tres partes lucharon para que los tribunales dieran el visto bueno al proyecto, que recurrieron los ecologistas. Un año después de la sentencia definitiva, en julio de 2010, los Lezama-Leguizamón presentaron ante las administraciones una reclamación de responsabilidad patrimonial por valor de 16.861.315 euros más intereses.

El Consistorio gobernado por el jeltzale Juan José Ezpeleta -ahora se presenta en una lista independiente, Ibarrika, tras abandonar el PNV después de una disputa interna- denegó la demanda por silencio administrativo y el Departamento foral de Urbanismo hizo lo propio en una resolución del 8 de marzo pasado, lo que ha motivado la demanda ante el TSJPV. Desde Txipio Bai desvelaron ayer que los propietarios basan su reclamación en el «derecho a ser indemnizados» por la Administración «para resarcirse de las actuaciones administrativas que les han producido un perjuicio que no tenían el deber de soportar», llegando a afirmar que «una Administración responsable es aquélla que paga un precio por sus errores».

Txipio Bai subrayó que la actuación de los responsables municipales y forales «ha reflejado su sumisión para satisfacer el interés especulativo de una familia, y no el interés general, hasta el límite de cometer una reclasificación ilegal». Al no haber logrado su objetivo, los Lezama-Leguizamón arremeten contra quienes no les han ayudado a enriquecerse aún más.

Antes incluso de la reclasificación anulada por el Supremo, rememoran desde Txipio Bai, esta familia de la oligarquía vizcaina trató de construir 332 viviendas en Barrikabaso en 1985; en 1988, planteó 349 viviendas y un campo de golf; y en 1996, edificar 97 viviendas. «La Administración lo que hizo fue tramitar de oficio su solicitud», precisan, aunque luego los proyectos no llegasen a materializarse por decisiones de los tribunales o del Ejecutivo de Lakua.

Respecto a la petición millonaria de los promotores, los ecologistas dice que, en los 16,8 millones de euros más intereses, «no sólo reclama por unos daños que no se le han producido todavía, sino que, además, reclama como daños todo aquello que obtuvo como ganancias». «Pretende -denuncian los de Txipio Bai- que todos los vizcainos le paguemos los beneficios que había obtenido por una reclasificación de suelo de especial protección paisajística que ha sido declarada ilegal y nula por los tribunales».