La Fiscalía de Gipuzkoa ha pedido para José María Bravo, ex director de la oficina de Irun de la Hacienda de Gipuzkoa y principal imputado en el caso del fraude, una suma total de 24 años y tres meses de prisión, otros 20 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y otros 16 años de inhabilitación absoluta por los presuntos delitos de «malversación, prevaricación, estafa, receptación, insolvencia punible y usurpación de funciones públicas entre 1999 y 2004», según figura en las conclusiones provisionales a las que ha tenido acceso GARA.

El fiscal, Francisco Javier Larraya, solicita para Bravo una multa de casi dos millones, ya que el ex director de la oficina de Irun está acusado de «apropiarse de unos dos millones» mediante el cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos que, luego, no eran ingresadas en la Hacienda foral, como figura en el escrito de 75 páginas. Y le pide que restituya a las arcas forales otros 245.000 euros de apropiaciones indebidas.

Para el pago de estas cantidades, Francisco Javier Larraya apunta que se mantengan «los embargos ya acordados» sobre las sociedades, propiedad de José María Bravo, del Hotel Túnel del Hada y Spa Túnel del Hada. No obstante, en esas conclusiones provisionales, se citan hasta diecisiete sociedades en las que Bravo y su mujer invirtieron para «diluir » los ingresos que obtenían de manera ilícita de aquellos contribuyentes que tenían deudas con hacienda y que eran «retiradas» o, entre otras razones, «se las dejaba que prescribieran, en otros casos, o simplemente se aprovechaba de esas deudas que habían caducado para obtener dinero ilícito».

Diez años para su esposa

Para su esposa, Rosa María Cobos, solicita 10 años y un mes de prisión. Trabajó, según indica el fiscal, en la Diputación guipuzcoana entre 1985 y 1994 y, posteriormente, en el Ayuntamiento de Errenteria. Se la considera «colaboradora necesaria» en los presuntos delitos de «malversación, receptación e insolvencia punible». También le piden nueve años de inhabilitación absoluta y una multa de dos millones de euros.

Para el acusado Pedro María Atristain, socio de José María Bravo en varias empresas, la Fiscalía solicita una pena de un año y medio de cárcel por un delito de receptación. La Fiscalía sobresee de forma provisional la acusación contra el decorador José Lamy, al considerar que «no está suficientemente acreditada su participación en un delito de cohecho».

La Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa presentaron hace una semana su escrito de acusación provisional y reclamaron 30 años y seis meses de cárcel para José María Bravo; ocho años y cinco meses para Rosa Cobos, y dos años para Pedro Atristain. Tampoco imputaron a José Lamy.

«Responsabilidades políticas»

Fuentes de LAB recordaron ayer que «se les impidió de facto» estar presentes en este proceso como acusación particular y añadieron que el fraude en la oficina de Irun de la Hacienda de Gipuzkoa es «una trama» que «no se ha desbaratado».

La central sindical explicó que en la comisión de investigación de las Juntas Generales «no sólo concluyeron con que se produjo un fraude elevado», sino que había responsabilidades políticas, que ni en las acusaciones de la Diputación, de las Juntas Generales ni de la Fiscalía figuran en este momento.

LAB recordó que se apuntó al ex diputado general González de Txabarri y al ex diputado de Hacienda Antxon Market, ambos del PNV. Incluso a miembros del equipo del diputado general que «dimitieron, pero que siguen en sus puestos de funcionarios». Tampoco se olvidan del hermano del encausado, Víctor Bravo, que fue director de Hacienda y después senador del PNV, ni del alcaldable donostiarra Eneko Goia, que «fue asesor de Víctor Bravo y Market».