Los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS se dieron cita ayer frente al Gobierno de Lakua con dos objetivos. Por un lado reclamar la mediación del Gobierno de Gasteiz en el conflicto que libran los trabajadores de los comedores escolares con la patronal y, por otro, denunciar la actitud de la titular de Educación, Isabel Celaá, en el contencioso que afecta a los trabajadores de Haurreskolak.

La protesta sindical comenzó a las 11.30 de la mano de los profesores de educación infantil, que secundaron en masa la jornada de huelga convocada por la mayoría sindical en el Consorcio escolar.

En total un millar de personas se congregaron frente a la puerta del Ejecutivo de Gasteiz para denunciar «las mentiras» de Celaá y el incumplimiento del convenio colectivo del Consorcio Haurreskolak.

En una rueda de prensa, Rebeka Kaiero (ELA), Leire Garro (LAB) y Arantxa Arriola (STEE-EILAS) afirmaron que el Consorcio prevé cerrar todas aquellas aulas en las que la matriculación no alcance el 50%.

Además, las tres centrales implicadas interpelaron a los ayuntamientos de la CAV para que estos intercedan por los trabajadores en el conflicto que libran con los responsables del Consorcio, ya que, al fin y al cabo, fueron las autoridades municipales quienes costearon la construcción de las escuelas.

Una hora más tarde se concentraron frente al Gobierno de Lakua los trabajadores de los comedores de la escuela pública, en huelga desde hace ya tres semanas.

Sin embargo, a diferencia de los trabajadores de Haurreskolak, los empleados de los comedores de las escuelas públicas se dieron cita frente a la sede del Ejecutivo de Gasteiz con la intención de solicitar la mediación del Departamento de Educación en el conflicto que libran sindicatos y patronal.

En palabras de la delegada de ELA, Ziortza Bocanegra, los sindicatos están dispuestos a sentarse a negociar con la patronal, y por ello piden la mediación del Gobierno de la CAV . «Estamos aquí porque son ellos los que pueden obligar a las empresas a firmar y a volverse a sentar en la mesa», añadió Bocanegra.

Por su parte, la delegada de LAB, Maribel Alberdi, denunció la «criminalización» a la que han sido sometidos todos los trabajadores que han ejercitado su derecho a la huelga.