Todas las partes solicitaron al Tribunal General de la UE que confirme la sanción impuesta por la Comisión Europea a Telefónica el 4 de julio de 2007, por estrechamiento de los márgenes en los precios de ADSL, una práctica contraria a la libre competencia. En Luxemburgo, Ausbanc defendió a los consumidores. También intervinieron France Telecom España y la European Competitive Telecommunications Association. Según Ausbanc, «defendemos el derecho e intereses de millones de consumidores, que han sufrido un sobreprecio de, al menos, el 20% como consecuencia del abuso de posición dominante ejercido por Telefónica». Entre el equipo de Ausbanc estuvo la responsable de la oficina de Bilbo, Marisa Gracia.