Las situación de los jóvenes extranjeros que emigran de sus respectivos países a la Unión Europea (UE) es una realidad a la que la legislación actual aún no ha sido capaz de responder de manera eficaz y conjunta, según Daniel Senovilla, doctor en Derecho. El consultor del Observatorio de Justicia Juvenil realizó estas valoraciones en Donostia, donde ayer participó en los III Encuentros Interprofesionales sobre menores y jóvenes migrantes sin referente adulto.

Tomando como sujeto receptor a la UE, Senovilla dijo que, ante todo, hay que tener en cuenta que «los menores no acompañados son menores que están privados de su círculo familiar». Partiendo de esta base, recalcó que los Estados miembros de la UE responden a la llegada de los menores desde un prisma de extranjería y que las «buenas prácticas» que se llevan a cabo para velar por el bienestar y los derechos de estas personas son más bien «escasas».

Carencias

Si bien en mayo del pasado año la UE aprobó el llamado Plan de Acción -con el que, entre otras cosas, se pretende tener en cuenta el interés de los menores-, Senovilla argumentó que es un «tímido paso» porque, a pesar de que en él se trazaron las líneas generales de actuación, hoy en día cada país actúa según su propia legislación.

Otra de las carencias de la legislación a nivel comunitario es la ausencia de una normativa que garantice la designación sistemática de representante legal, así como la necesidad de establecer mecanismos de control sobre la acción de los tutores, otorgando a los menores el derecho a denunciarlos si procediera.

Criticó, entre otros aspectos, la repatriación forzosa que ejercen varios estados alegando que «es lo mejor» para el menor. Recordó que más del 60% de estos menores que son llevados a la fuerza a su país de origen vuelven a «reincidir» al poco tiempo.