Los delegados de prevención del Ayuntamiento de Errenteria han presentado ante Osalan una denuncia contra el alcalde en funciones, Juan Carlos Merino (PSE), por «no garantizar la seguridad de la plantilla de personal, o mejor dicho, por no tomar ninguna medida ante un caso de acoso laboral», informaron los sindicatos LAB y ELA.

La demanda se produce después de que en 2009 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) condenara al Consistorio a pagar más de 220.000 euros «porque el Ayuntamiento no adoptó medidas preventivas ante el acoso laboral sufrido por una ex trabajadora entre los años 1995 y 2004».

«Esa sentencia no trajo consigo una apertura de expediente informativo alguno. Los concejales no adscritos propusieron una comisión de investigación, pero de excusa en excusa la comisión se constituyó un año más tarde, para analizar no sólo ese accidente laboral sino otros tres más», apuntan los sindicatos en una nota.

En ese periodo, delegados de prevención y el comité de trabajadores presentaron una denuncia en el Gobierno de Lakua porque no se había investigado el accidente laboral. «La empresa que lleva el servicio de prevención ajeno realizó la investigación, limitándose a lo que ponía en la sentencia, nada más; no incluyó entre las medidas correctoras que hubiera que abrir un expediente informativo».

Respecto a la actitud del Ayuntamiento, LAB y ELA resaltan que «a los responsables municipales les da igual lo que diga la sentencia. Según ellos, no ha habido acoso laboral. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco están equivocados. Los que llevaron a cabo el acoso laboral tal vez sigan trabajando en la plantilla, pero no hay sanción para ellos, bien les cuida el Ayuntamiento».

Y en cuanto a la comisión de investigación, indican que «de los cuatro casos han estudiado dos, el del acoso laboral ni lo han tocado, y en los dos casos analizados no han sido capaces de sacar un informe de conclusiones».

La mayoría sindical vasca, formada por ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, se concentró ayer delante del Ayuntamiento de Gasteiz para denunciar las dos últimas muertes en accidentes de dos trabajadores, un transportista autónomo en las obras del centro de salud de Lakua y otro trabajador de la empresa alavesa Tauxme que murió en Cauddé (Teruel) el pasado miércoles. Los sindicalistas criticaron las condiciones de trabajo que sufren los transportistas y la falta de prevención laboral.