El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria dio ayer por concluida la investigación sobre las ayudas a la cooperación al aprobar el dictamen presentado por el secretario de la comisión de investigación, que no ve delito en las actuaciones de la ex alcaldesa y actual delegada del Gobierno de Gasteiz en Chile y Perú, Ana Urchueguía (PSE).

El dictamen, que recoge únicamente las conclusiones finales de PSE y PP, fue aprobado con los votos de ambas formaciones. Los representantes de la izquierda abertzale, EAJ, Plataforma Ciudadana, Ezker Batua y Hamaikabat, por contra, abandonaron la sala antes de llevar a cabo la votación.

La sesión apenas duró cinco minutos. Cuando el alcalde, Jesús María Zaballos (PSE), anunció el punto del orden del día en el que se debía proceder a votar el citado informe, todos los grupos de la oposición, a excepción del PP, abandonaron en bloque la sala. De esta forma, mostraron su disconformidad por la forma en la que el secretario municipal ha elaborado las conclusiones.

Los ocho concejales de la oposición, en una rueda de prensa posterior conjunta, denunciaron el «paripé» y presentaron un escrito de conclusiones alternativo al formulado por el secretario. En su escrito denunciaron que el PSE «ha querido desviar la atención del verdadero objeto» de esta comisión de investigación, que no era otro que analizar y esclarecer lo ocurrido, dado que se han analizado únicamente las ayudas destinadas en los ejercicios de 2005, 2006 y 2008 cuando en realidad estas ayudas comenzaron en el año 1992.

Según recoge el informe de la oposición, la documentación requerida por los miembros de la comisión no ha sido entregada en su totalidad y personas «que tenían mucho que decir y explicar» no han comparecido, sin comunicar «razón justificativa alguna de su ausencia». Aun así, tras el estudio de la documentación a la que sí han tenido acceso, los grupos de la oposición «han detectado irregularidades cuyas responsabilidades consiguientes pudieran no ser sólo de tipo político-administrativo, sino también penales». En el informe destacan, entre otros indicios, que las transferencias realizadas por el Ayuntamiento han ido a cuentas de las que no se conoce el NIF o que los informes de proyectos subvencionados y las justificaciones económicas «estaban sin registrar en el Consistorio».

Así las cosas, además de exigir la dimisión de los concejales Urchueguía, Iñaki Múgica y Lourdes Acevedo, reclaman que se contraten servicios jurídicos competentes para presentar las denuncias correspondientes en los juzgados pertinentes.