He regresado de mi estancia de tres meses en la región de Tigray (norte de Etiopía), realizando trabajos de cooperación en una de las zonas más pobres del planeta. Allí, la ciudadanía defiende con vehemencia que la adquisición de conocimiento es fundamental para que Etiopía se desarrolle y deje de ser uno de los países más pobres del mundo y de depender de la «caridad» de los países «desarrollados». Donde una niña o niño dispone de un bolígrafo para todo el curso escolar y su pérdida supone un drama, y donde desde temprana edad aprenden a cuidar el material escolar porque al finalizar el curso académico lo tienen que entregar para su reutilización al año siguiente.

Me cuentan que la página web de la Defensoría para la Igualdad del País Vasco ha restringido la información y ya no se puede acceder a la gran cantidad de los documentos, publicaciones, trípticos informativos, enlaces a instituciones y organismos institucionales de la UE y países escandinavos que trabajan en materia de igualdad y no discriminación, que se habían elaborado y puesto a disposición de cualquier internauta. Por ejemplo, la «Guía de derechos laborables en materia de igualdad de género»; el análisis de «La igualdad de género en los convenios colectivos»; el estudio sobre «La relevancia e impacto social de las sociedades gastronómicas», ponencias de mujeres expertas en materia de igualdad y no discriminación que han participado en los tres seminarios internacionales organizados por la Defensoría para la Igualdad, entre otros, e incluso toda la información contenida en el Observatorio de Igualdad de Trato. También los informes anuales presentados al Parlamento Vasco en 2007, 2008 y 2009 así como el informe «Aportaciones de la Defensoría para la Igualdad al espacio de reflexión abierto en relación a esta institución».

En definitiva, materiales básicos para el desarrollo de conocimiento en materia de derechos fundamentales de las mujeres han desaparecido de la página web de la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. ¿Por qué me recuerda esto a la «quema de libros» de otros regímenes o de otros tiempos? Porque este término se aplica no sólo a la desaparición o destrucción de libros, sino también a cualquier forma de arte o de almacenamiento de información: dibujos, estatuas, pinturas, grabaciones, contenidos de páginas web, CDs, videocasetes, etc.

A lo largo de la historia la «quema de libros» se ha utilizado, por parte de las autoridades políticas y religiosas, como una herramienta para dificultar la adquisición de conocimiento y para suprimir la elaboración de opiniones. El hito más conocido es la quema de libros bajo el régimen nazi en mayo de 1933, aunque ya en 1821 el escritor Heinrich Heine expresó: «ahí donde queman libros se acaba quemando también a seres humanos». A ese respecto, cuando Sigmund Freud se enteró que habían quemado sus libros exclamó: «¡cuánto hemos avanzado... en la Edad Media me habrían quemado a mí!».

Es de todas y todos conocido que la quema de libros -en el caso que nos atañe, eliminando documentos sobre los derechos fundamentales de las mujeres- tiene una larga y siniestra historia, siendo resultado de decisiones de censura; busca eliminar la evidencia de una historia, de un pasado o de un pensamiento y denota a personas con actitudes y comportamientos intransigentes y fanáticos. Por ejemplo, a consecuencia de las declaraciones de John Lennon, en 1966, de que los Beatles eran más conocidos que Dios, se organizó la quema de discos de este grupo. También son actos propios de guerras y dictaduras -en Chile, después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, los militares requisaron y quemaron miles de libros-.

Es difícil entender este tipo de acciones políticas en el siglo XXI, más aún en el País Vasco y en nombre de lo que se ha denominado «cambio» político, donde hace sólo unos años sus índices de desarrollo humano eran equiparables a países como Noruega e Islandia. También resulta inexplicable que mientras en países del «tercer mundo», como Etiopía, se valora positivamente la producción, divulgación y adquisición de conocimiento, en países del «primer mundo», como el nuestro, se ejecutan decisiones despóticas y autoritarias. Además, no podemos olvidar que el material publicado en la página web de la Defensoría para la Igualdad del País Vasco -organismo ahora parcialmente destruido o desaparecido, como lo será la Ley de su creación- había sido costeado con el dinero de los y las contribuyentes de este país. Amén del esfuerzo personal e intelectual de las personas autoras de tales trabajos.