El ministro brasileño Antonio Palocci se ha visto obligado a renunciar a su puesto en el Gobierno por segunda vez en su vida política. Ayer dimitió como de ministro de la Presidencia con la certeza de que «la continuidad del embate político podría perjudicar sus atribuciones en el Gobierno», según indicó en una nota. Palocci ha arrastrado durante 20 días un escándalo que estalló cuando el diario «Folha de Sao Paulo» reveló, en base en documentos oficiales, que el patrimonio del ahora ex ministro se multiplicó por veinte entre 2006 y 2010.

Según el rotativo, Palocci vio aumentar su riqueza de esa forma gracias a la empresa Projeto, una firma de consultoría en finanzas e inversiones que fundó en 2006, poco después de dimitir del cargo de ministro de Hacienda en medio de otro escándalo de corrupción con tintes sexuales por el que fue luego juzgado y declarado inocente.

Tras aquella renuncia, Palocci fue elegido diputado por cuatro años, período en el que dirigió la firma Projeto, con la que ganó, según la prensa, unos 20 millones de reales (12,5 millones de dólares) solamente en 2010, y de la cual se sospecha que le permitió amasar tal fortuna mediante tráfico de influencias y otros delitos, cuando además era parlamentario y coordinador de la campaña electoral que llevó al poder a Rousseff.

A las denuncias de «Folha de Sao Paulo» se han sumado otras relacionadas con sus propiedades inmobiliarias. La oposición ha mantenido fuertes presiones y llevó el caso ante el procurador general, Roberto Gurgel, que, no obstante, lo archivó al no hallar indicios de delito penal, aunque reconoció que si las denuncias fueran probadas, podrían suponer «un acto de deshonestidad administrativa».

Esa insinuación se sumó a la ola de críticas que acosaba a Palocci y que llevaron a Rousseff a presionarle para que renunciara, pasando por segunda vez en su vida por el mismo trance. Palocci ha admitido que las cifras barajadas por «Folha de Sao Paulo» «se aproximan» a su realidad financiera, pero negó que haya rebasado los límites de la ética.

Para Rousseff, que asumió el poder el 1 de enero pasado, esta dimisión supone el primer trauma político en sólo seis meses y deja una herida abierta en su base parlamentaria.

La oposición brasileña mantiene su presión sobre el ex ministro e insistió en que, pese a la renuncia, el aumento de su patrimonio debe ser investigado.