Nada más constituirse los ayuntamientos, el PP, cuarta fuerza en la CAV y quinta en Nafarroa, ha querido embarrar el campo político registrando una moción de condena de la historia de ETA. Esa ha sido su primera iniciativa municipal. Portavoces de este partido han argumentado que su objetivo es que Bildu «se retrate», sin ocultar que miran también a eventuales procesos de ilegalización. En este sentido, resulta paradójico que una formación cuyo presidente de honor es un ministro franquista pretenda dar lecciones a una coalición cuyos candidatos han firmado un compromiso con todos los derechos humanos, con la paz y con la democracia. Tanto Bildu como el PP y el resto de partidos se retrataron ante la sociedad el 22-M, y los de Basagoiti y Cervera salieron malparados.

Pero resulta que, además, justo esta misma semana el Parlamento de Gasteiz ha puesto en cuestión, gracias a los votos de PP, PSE y UPyD, la categoría de víctimas de los obreros muertos por la Policía española el 3 de marzo de 1976. Una Policía cuyo máximo responsable era el citado presidente honorífico del PP. No cabe mayor hipocresía por parte de un partido que tiene en «las víctimas» su mayor baza argumental, como tampoco en el PSOE, que al día siguiente de negarse a dar reconocimiento legal a los trabajadores abatidos por las balas franquistas anunció, por parte de su hombre fuerte, Alfredo Pérez Rubalcaba, que podría dictar una ley en sólo una semana para garantizar la presencia de escoltas armados en los ayuntamientos vascos.

Todos estos movimientos retratan mejor que mil mociones a sus protagonistas. Por eso es incomprensible que en el seno de Ezker Batua no hayan aclarado aún si van a permitir que aquellos que no han condenado el franquismo y que menosprecian a las víctimas del 3 de marzo, los mismos que maniobran para volver a amputar el cuerpo electoral de este país, gobiernen en Araba los próximos cuatro años.