¿Cómo han sido para usted estos seis meses escondida?

Muy especiales. Supone un cambio de vida, separarse de la familia, de los amigos... En mi caso, además, uno de los objetivos era poder continuar con mi militancia en Batasuna, pero eso también tiene limitaciones en esas circunstancias. Por tanto, tenía ganas de volver a mi militancia pública.

¿Va a reincorporarse de inmediato a su actividad política?

Sí, ese es el objetivo.

¿Qué significado tiene la euroorden en el actual contexto?

No tiene sentido, pero recurren a ello como instrumento para presionar sobre el proceso actual. Es un procedimiento que demuestra el núcleo del conflicto. En el propio debate y lucha contra las euroórdenes que hay ahora en Iparralde, donde también existe una reflexión sobre la identidad y la nacionalidad, se está poniendo de manifiesto que en el conflicto vasco hay tres actores. Y todas las expresiones represivas reflejan eso. La existencia de 150 presos políticos vascos en el Estado francés es una demostración. La euroorden es otra expresión de la raíz del conflicto y de la implicación de los estados español y francés.

¿En tanto que parte del conflicto, el Estado francés debe ser también parte de la solución?

Es obligado. El Estado español muestra muy poca voluntad de entrar en un proceso de resolución, pero desde la parte francesa se sigue negando siquiera que existe un conflicto. El Estado francés deberá participar en la solución del problema, pero para ello debe reconocer y aceptar que es parte del mismo. La resolución se dará sólo en ese contexto, y en Ipar Euskal Herria todavía no estamos en esa fase; por tanto, aún falta trabajo para alcanzar esas condiciones.

Numerosas personalidades y agentes políticos y sociales del Estado francés y de Euskal Herria se han expresado contra la vulneración de derechos y las euroórdenes y en apoyo a usted. ¿Cómo ha recibido estas muestras de solidaridad?

Es histórico lo que está ocurriendo. Por un lado, el conflicto vasco se está llevando más allá de las mugas de Euskal Herria. Es imprescindible demostrar que este no es un problema interno de unos estados. Es muy importante que el debate se traslade también al exterior y se constate que aquí hay una vulneración de derechos democráticos. El debate no es si Batasuna es legal en un lado e ilegal en el otro, sino cómo hay un lugar en Europa en el que se ilegalizan partidos, grupos civiles, medios de comunicación... Y creo que en Europa existe interés.

Los casos de euroórdenes, y en particular el suyo, han suscitado una reacción social y política inédita en Ipar Euskal Herria, y han aglutinado personas de muy diversos orígenes ideológicos en una denuncia común. ¿Este fenómeno tendrá algún tipo de influencia en la actividad política del futuro?

Sí. Es importante que esa clase política se mueva. Eso quiere decir que existe un mínimo de conciencia, pero también es verdad que uno de los motivos por los que algunos sectores se han movilizado es mi nacionalidad oficial. Las euroórdenes empezaron hace diez años y en Ipar Euskal Herria hemos conocido muchos casos; en ese tiempo, cientos de jóvenes han sido juzgados en Pau, pero eso no ha tenido casi incidencia en el entorno político de aquí.

Lo novedoso es que, como mi nacionalidad oficial es francesa, se sienten más afectados. Pero es también una vía para atraer a esa gente al debate sobre el conflicto político de Euskal Herria, al menos, a unas posiciones mínimas. Creo que mi caso ha servido para aportar algo en esa línea y también para demostrar que tenemos capacidad de establecer relaciones con otras personas y grupos fuera de Euskal Herria e invitarles a participar en el debate sobre la vulneración de derechos.

Esto hace dos o tres años no era posible; sabemos que los abertzales teníamos algunas puertas cerradas y ahora se han abierto un poco. Tenemos que establecer relaciones de confianza y saber gestionarlas.

¿Su caso ha acabado convirtiéndose en una patata caliente para el Gobierno francés?

Sí. Es el primer caso en que se ha aprobado definitivamente una euroorden de este tipo por motivos políticos, lo que les lleva a incurrir en una contradicción total. Por nuestra parte, hemos demostrado que sabemos trabajar con otros movimientos de izquierda y con grupos políticos y sociales del Estado francés. Eso supone también un precio político para el gobierno, que no le conviene. Francia quiere dar ante el mundo una imagen de sociedad abierta y plural que respeta los derechos democráticos, y esta situación de movilización no le interesa. En estos momentos no estamos como hace seis meses; las circunstancias han variado mucho y no resulta fácil para el Gobierno francés. Nuestra tarea en los próximos meses debe ser consolidar todavía más esa línea.

¿Prevé que será detenida y entregada a las autoridades españolas para su encarcelamiento?

Sí, creo que Francia culminará la operación y me trasladarán a la Audiencia Nacional española. Política y jurídicamente no veo otra salida para ellos que llevarme a prisión, pero eso no es lo que más me preocupa, sino poder condicionar al máximo este procedimiento, que tiene su origen en una decisión política. Este caso no cambiará mucho la situación, pero para los siguintes las cosas pueden ser diferentes si nosotros incrementamos ahora nuestras dinámicas.