Salhaketa considera que la Diputación de Araba «tiene la obligación» de recurrir ante el Tribunal Constitucional español la «desafortunada» decisión del Supremo sobre la macrocárcel de Zaballa, un «vertedero» donde se hacinarán dos mil personas entre presos y funcionarios.

En su resolución, emitida el 6 de junio, el TS avaló la legalidad de la infraestructura carcelaria prevista en Iruña Oka pese a que no cuenta con una evaluación de impacto ambiental. Un requisito indispensable según la legislación alavesa, pero prescindible para los tribunales españoles.

Ante dicha situación, el portavoz de Salhaketa, César Manzanos, solicitó ayer a la Diputación que recurra la decisión ante el Constitucional, alegación que debería ser presentada esta misma semana. Durante su intervención frente al Palacio Foral, pidió que se agoten todas la vías judiciales, llegando a presentar el caso ante las instancias judiciales europeas si fuera necesario. Todo para demostrar «la ilegalidad e imposición de este proyecto contra derecho».

Salhaketa recordó los problemas que acarreará este centro penitenciario, que convertirá a Araba en el herrialde con mayor índice de personas presas por habitante. Entre ellos, destacó el gasto que supondrá el mantenimiento de la instalación: 15 millones de euros anuales, a los que se les debe sumar los 100 millones de euros invertidos por el Estado español para poder acometer su construcción.

Cantidad que no ha tenido incidencia en la población de Iruña Oka, ya que las promotoras encargadas de la edificación «importaron trabajadores en precario». Además, Manzanos reiteró que la sociedad alavesa no necesita macrocárceles, sino «servicios específicos y de pequeño tamaño».