La cooperación descentralizada es la parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que se canaliza desde los gobiernos de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos hacia los países empobrecidos. Esta modalidad de cooperación surge en el Estado español en los años 90 gracias al papel primordial de la sociedad civil al reivindicar que el gobierno destinara el 0,7% de su Producto Interior Bruto a la solidaridad internacional. Es a partir de ese momento cuando la ciudadanía reclama a sus gobiernos locales y autonómicos mayor solidaridad y responsabilidad.

Son numerosas las virtudes de las políticas solidarias locales: son cercanas a la ciudadanía, sensibles a sus intereses, fomentan la participación en la construcción de políticas públicas, son más autónomas respecto al conjunto de la cooperación al desarrollo realizada desde el gobierno central, es más fácil que generen espacios de coordinación en red con otros actores locales o redes y, además, contribuyen a generar una ciudadanía activa, concienciada y movilizada que contempla la solidaridad como una responsabilidad compartida. Pero bajo nuestro punto de vista su auténtico valor añadido es el papel primordial de la sociedad civil en la reivindicación, definición e incluso gestión de la cooperación. Esta reflexión es hoy más necesaria que nunca dado al contexto de crisis económica. La caída de los presupuestos de la AOD de las comunidades autónomas ha sido alarmante salvo en dos casos, Euskadi, que mantiene su presupuesto, y Castilla la Mancha, que lo incrementa. En conjunto, la AOD autonómica ha descendido un 12%, mientras que los presupuestos autonómicos han registrado una caída del 4%. La ayuda que las instituciones locales presupuestan a través de las convocatorias de subvenciones se canaliza en su mayor parte a través de las ONG de desarrollo (ONGD), que a su vez trabajan con organizaciones locales de los países del Sur con el fin de erradicar la pobreza. Esto hace que la ayuda llegue a muchos lugares y a poblaciones donde la acción gubernamental por sí sola no alcanza.

Otra de las modalidades que las administraciones públicas han desarrollado es la cooperación directa, con la cual las instituciones canalizan directamente la ayuda hacia determinadas instituciones o municipalidades del Sur, normalmente a través de transferencias económicas o técnicas directas. De esta forma, las administraciones locales pueden transmitir su experiencia a los países en vías de desarrollo en áreas de vital importancia como los procesos de descentralización, la gobernanza local, el urbanismo o medioambiente, entre otras. Esta modalidad se está impulsando cada vez más y ante esta tendencia, desde la Coordinadora de ONGD de Euskadi entendemos que tiene una lectura positiva si se aprovecha el conocimiento acumulado y las capacidades creadas en ámbitos de gestión específicos. No obstante, la coope- ración directa tiene algunos riesgos importantes como la tentación de reproducir a pequeña escala el modelo estatal de cooperación, el riesgo de que se actúe de manera independiente, es decir, que esté orientada a prioridades políticas del Norte sin conexión con el resto de la cooperación gestionada por las ONGD, así como la falta de transparencia y de control. Por si fuera poco, la cooperación desarrollada por las ONGD ha sido muy estudiada, analizada y en ocasiones también criticada, pero la cooperación directa en los entes locales tiene poca trayectoria y existe aún una escasa cultura de rendición de cuentas sobre qué, cómo, cuánto y dónde se trabaja. Por ello consideramos que es importante a su vez que esta forma de hacer cooperación al desarrollo se limite en cuanto a cantidad destinada y que se gestione de la forma más transparente posible, evitando cualquier tipo de discrecionalidad. En este sentido, la propia Ley Vasca de Cooperación del año 2007 en su artículo 9.3. ya limita al 10% el presupuesto de cooperación que puede gestionarse de forma directa por el Gobierno Vasco.

Además, este contexto de crisis puede condicionar que se fomente la cooperación directa, dejando a un lado la cooperación gestionada desde las ONGD. Ante esto, no debemos olvidar que la cooperación descentralizada responde a una concepción del desarrollo que abarca distintos actores, teniendo especial importancia los gobiernos locales en el Sur y el diálogo con sus homólogos en el Norte. Favorece también que se establezcan procedimientos para el diálogo horizontal entre donantes y receptores de la ayuda, respetuoso con las ONGD del Sur, esto es, que los países receptores se apropien del proceso de desarrollo que se promueve.

Consideramos que aún hay importantes asuntos para avanzar desde el ámbito descentralizado hacia políticas de cooperación de calidad. Por ejemplo, evitar la dispersión geográfica de la ayuda así como de los sectores en los que se interviene, buscar la complementariedad entre las políticas de cooperación de las diferentes instituciones descentralizadas y el Gobierno central, así como la cohe- rencia de políticas y la participación efectiva de la sociedad civil en la construcción de esta política, sea quien sea quien gestione en última instancia la ayuda: ONGD o instituciones públicas. Finalmente, esperamos que las nuevas corporaciones locales que se formen próximamente incorporen estas consideraciones.