La imagen actual de la patria de los Derechos Humanos es la de un Estado que abona gustosamente un sueldo de entre 1.380 y 1.684 euros a quien estudie para CRS, y hasta 2.300 a quien, tras extenuantes esfuerzos intelectuales, consigue licenciarse como mamporrero de la ley. En cambio, a un estudiante a profesor de secundaria el Estado no le sufraga su formación, ni siquiera sus prácticas, y, una vez conseguido el primer empleo, recibe un cheque de la administración pública que no llega a la sombra de lo que cobra un aprendiz antidisturbios.

El gobierno de Fillon, o lo que es lo mismo, el Estado de Sarkozy, quiere mandar a 16.000 profesores al paro en un plan de reducción de gastos. Sin embargo, los efectivos policiales aumentan: por un lado se crea fracaso social y por otro se reprime a esa sociedad a la que se hace fracasar. Es una aplastante lógica represora. Y despilfarradora: veinte CRS se apostan a diario en turnos de a cinco frente al domicilio ziburutarra de Michèle Alliot-Marie desde hace años, incluso ahora que ya no forma parte del gobierno y a pesar de que rara vez pisa el piso. Y esto sin contar los cuatro escoltas que la acompañan de continuo. Según una investigación de France Soir, que denuncia en sus páginas este dispendio obsceno, algunos de los bien pagados policías incluso se las apañan en verano para irse a dar un baño. No saben nada estos CRS.

Debe de ser éste el «savoir faire de nuestras fuerzas de seguridad» cuyos servicios ofrecía MAM, en plena revolución tunecina, al déspota Ben Alí. Esta es hoy la patria de los Derechos Humanos, ésa de la que cientos de personas protegen a Aurore Martin. Ahora, los CRS también lo saben.