El proceso por genocidio contra los cuatro más altos responsables del Jemer Rojo que siguen con vida se abrió ayer en Phnom Penh, ante el tribunal patrocinado por la ONU, más de 30 años después de los hechos a juicio.

El considerado ideólogo del régimen de Pol Pot o «hermano número dos», Nuon Chea, el ministro de Exteriores Ieng Sary, el presidente de la «Kampuchea Democrática», Jieu Samphan, y la ministra de Asuntos Sociales, Ieng Thirith, son juzgados asimismo por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Los cuatro acusados, con edades avanzadas y comprendidas entre los 79 y los 85 años, y visiblemente fatigados, estuvieron sentados en el banquillo de los acusados al inicio de la vista.

Pero, ya al mediodía, sólo Jieu Samphan estaba presente ya que los jueces rechazaron su petición de abandonar la sala. El resto lo hicieron alegando razones de salud o, en el caso de Nuon Chea, en señal de protesta. «No estoy de acuerdo con esta audiencia», señaló el otrora número dos del régimen en una breve intervención. «La investigación judicial ha sido tan injusta que el caso debe detenerse», añadió su abogado, el holandés Michiel Pestman, quien culpó al gobierno de «obstruir» las investigaciones.

La defensa del ex ministro de Exteriores alegó que la instrucción es «incorrecta», porque supone una «violación» de su derecho a no ser encausado dos veces por el mismo crimen. Ieng Sary ya fue condenado a muerte en rebeldía por genocidio en 1979 y más tarde perdonado en 1996 por una amnistía real. Su abogado, Michael Karnavas, defendió que el juicio de 1979 debe ser considerado como «adecuado y definitivo», ya que si Ieng Sary hubiera sido detenido entonces, «habría sido ejecutado». Los observadores ya preveían que la estrategia de la defensa pasaría por la no colaboración con el tribunal.

«Utopía marxista delirante»

Los cuatro acusados, detenidos en 2007, están acusados de la puesta en marcha, metódica y calculada y entre 1975 y 1979, de una «utopía marxista delirante» que mató de fatiga, hambre, enfermedades o a consecuencia de torturas y ejecuciones sumarias a alrededor de dos millones de personas, un cuarto de la población camboyana de la época.

El término de genocidio no es reconocido como tal por la ONU para los actos cometidos contra la población jemer. Sí engloba las atrocidades contra vietnamitas y miembros de la minoría musulmana de los chams.

«Los camboyanos esperan respuestas y justicia», aseguró Lars Olsen, portavoz de la jurisdicción híbrida, creada en 2006 por presiones de la ONU.

Medio millar de personas se desplazaron hasta el lugar del juicio para ver en persona a los acusados. «Espero que el tribunal les condene a perpetuidad», confió Jem Nareth, 56 años, quien perdió a su madre y a su hermano en los campos de «reeducación».

El actual primer ministro campoyano y ex oficial jemer que desertó antes de la invasión, Hum Sen, se opone a nuevos juicios en aras de la estabilidad del país. Miles de antiguos miembros del Jemer Rojo viven actualmente en libertad entre su población originaria.