En el enésimo intento, el Gobierno del PSOE logró ayer situar a Baltasar Garzón en un organismo judicial europeo después de varias oportunidades fallidas. La iniciativa partió de los parlamentarios de ese partido en Estrasburgo, una vez que se rechazara el traslado de este juez a la Corte Penal Internacional de la Haya.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero consiguió que el Comité de Ministros del Consejo de Europa diera el plácet a que este «juez estrella» de la Audiencia Nacional, alabado por su trabajo contra el movimiento independentista vasco, fuese el miembro español del Comité para la prevención de la Tortura y de los Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT).

Previamente, distintos juristas habían recordado que Baltasar Garzón se mostró muchas veces indiferente ante las torturas que le narraban, principalmente, ciudadanos vascos arrestados bajo su responsabilidad.

El CPT, integrado por expertos «independientes», está encargado de supervisar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en los 47 estados miembros del Consejo de Europa mediante visitas e informes periódicos. Garzón obtuvo 30 apoyos, según se conoció ayer. Los miembros del CPT actúan a título individual, no en representación de los estados de los que son originarios. Este puesto estaba vacante desde el 20 de diciembre de 2009.

Los otros candidatos que figuraban en la lista propuesta al Comité de Ministros por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa eran la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Miriam Cugat Mauri, que recabó siete votos, y el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Carlos Fernández Liesa, que sólo cosechó uno.