La Fiscalía tampoco da su brazo a torcer tras un juicio que ha sido contundente a nivel de argumentos. Su representante en esta vista, Vicente González Mota, exculpó ayer a Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra ante la clamorosa falta de pruebas, pero mantuvo elevadas peticiones de cárcel para los cinco militantes que han reconocido su impulso a un cambio de estrategia en la izquierda abertzale, si bien de modo individual y no organizados en una estructura llamada «Bateragune».

Después de una calificación inicial lineal, en la que reclamaba diez años para cada uno de los ocho acusados, la Fiscalía jerarquiza ahora las peticiones en función de las responsabilidades asumidas en ese proceso. Y con ello ataca directamente todo el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, intentando escenificar que no hay modificación alguna. En la cúpula sitúa a Arnaldo Otegi y Rafa Díez, por lo que pide que pasen diez años entre rejas, dado que han reconocido que se pusieron en contacto con el resto y catalizaron ese debate. Llama la atención, sobre todo, el «torpedo» fiscal contra Díez, que fue detenido en su día en la sede de LAB sin que figurara en ningún informe policial ni hubiera orden de arresto, simplemente porque estaba allí.

Con la intención de remarcar que ambos eran los líderes, el fiscal baja levemente sus peticiones para Miren Zabaleta (a nueve años) y para Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez (a ocho). En total, 45 años por promover una estrategia política, pacífica y democrática que incluso el principal perito policial ha reconocido que no tenía parangón anterior, al menos de tal nivel.

«Inverosímil»

La intervención de la Fiscalía fue más política que judicial. Se resume en la petición final a los tres jueces para que «no apliquen a los acusados un criterio de `vamos a darles una oportunidad'». Pese a la claridad de los hechos, insiste en que los acusados defienden aún una estrategia «político-militar».

Para ello esgrime primeramente que ETA sigue existiendo y que las FSE detectan algunos movimientos sospechosos. Y sobre la labor concreta de los militantes juzgados, aporta argumentos tan enrevesados como que «aquí nadie ha pedido que desaparezca la violencia, sólo se ha pedido su cese».

El intento de revertir la carga de la prueba fue evidente en pasajes como las cartas de Díez a presos políticos vascos que constan en el sumario. El fiscal dice que en ninguna de ellas ha encontrado demandas de disolución de ETA, por lo que acaba ligándole también con ETA.

En cuanto a Otegi, usó otro argumento retorcido. Si bien no consta que sus dos visitas a Ipar Euskal Herria fueran para hablar con algún miembro de ETA, el hecho de que cruzara el Bidasoa cuando lo tenía prohibido vendría a demostrar que «pone sus objetivos por encima de la legalidad».

Su informe se completa con otras inferencias muy dudosas. Dado que no ha quedado nada claro que existiera un Bateragune y que éstos fueran sus componentes, se pasa a indicar que «el debate interno no pudo ser desorganizado, tenía que haber una comisión de dirección». En la misma línea, González Mota alega que «es incompatible decir que se ha producido un cambio histórico y decir que ha sido desde unas reflexiones a título personal, eso no es creíble».

Otra pirueta imposible es la que hace para obviar la evidencia de posiciones enfrentadas en la izquierda abertzale. «El perito ya nos dijo que en el debate en ETA los sectores de `Thierry' y `Txeroki' llegaron a expulsarse mutuamente, pero los dos seguían siendo ETA. Aquí ocurre lo mismo: hay quienes están por la confrontación y quienes están por la negociación, pero todos son ETA».

Como último aderezo, González Mota incluyó un par de aparentes intentos de mofarse de los acusados. Así, usó el mote de Arnaldo Otegi que consta en el sumario para decir que «Ronaldinho hace muchos quiebros, pero sin pasar la raya hacia dentro de la legalidad». Y acabó con otra frase aún más desconcertante: «Concluyo mi informe y pongo aquí `guardo carpeta Fiscalía'», dijo, imitando claramente la inscripción «Hacer carpeta y pasar Bateragune» que halló la Policía en casa de Otegi.

Preocupado con el perito jefe

No todo fueron suposiciones y bromas en la intervención del fiscal. Se puso más serio para defender la labor del perito jefe, el 19.242, con lo que dejó claro que le preocupa que los tres jueces hayan percibido las numerosas lagunas de su tesis.

González Mota pidió al tribunal que asuma que los abogados de la defensa «le interrumpieron mucho» y en ocasiones «no le escucharon». Dijo que lo que se debe valorar es que, en conjunto, el experto policial «ratificó su informe», aunque luego en la sala admitiera en varios momentos que el cambio en la izquierda abertzale es real y que faltan pruebas.

Junto a todo ello, la Fiscalía buscó otro gran asidero: la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo contra Sortu, pendiente ahora de la decisión del Constitucional. González Mota esgrimió que en ella se dejó escrito como tesis general que no hay cambios relevantes en la izquierda abertzale y que sigue a la sombra de ETA.

Uno de los argumentos más contundentes de Otegi había sido que no tiene sentido impulsar un polo soberanista a través de un mero parón de la lucha armada, porque, si luego hubiera un atentado, «sería nuestro suicidio político». Pero el fiscal menospreció este dato diciendo que, «naturalmente, esa reflexión se ha hecho siempre, y ya está resulta también por los tribunales en el caso de Sortu».

La asociación Verde Esperanza, que es la otra acusación, decidió mantener las peticiones de catorce años de cárcel contra todos, aunque introdujo también la posibilidad alternativa de que se rebaje la de Moreno, Esnal y Serra a ocho años porque «los indicios son más endebles».

Esnal y Serra

Los abogados de Esnal y Serra se mostraron confusos y molestos por esta insistencia en apuntarles cuando hasta el perito jefe reconoció no tener pruebas contra ellos. En nombre de la primera intervino Arantza Zulueta, que concluyó con una petición al tribunal que replicaba de algún modo a la de la Fiscalía: «No entorpezcan esto, hagan una sentencia justa».

Zulueta expuso lo «absurdo» que supone sostener que la rueda de prensa de catorce personas en marzo de 2009 era la «presentación pública» de Bateragune, porque «eso sería como decir `deténgannos'». Y Aiert La- rrarte, abogado de Serra, censuró que se le haya situado como participante en reuniones ilegales sólo por haber estado algunas veces en la sede de LAB durante unos minutos.

Tras estos breves apuntes, será hoy cuando la defensa exponga toda su batería argumental. Después se dará la última palabra a los acusados y se oirá el «visto para sentencia».